Más de 70 miembros de la Convención Constituyente se reunieron adelantar algunos acuerdos o definiciones de cara al proceso de instalación del órgano.
El abogado Jaime Bassa fustigó adjudicación de la seguridad a la empresa Incar: "Tiene 200 demandas laborales en cinco años, y es inaceptable".
Un grupo de convencionales constituyentes se autoconvocó con el objetivo de adelantar algunos acuerdos o definiciones de cara al proceso de instalación de la asamblea, que se va a concretar el 4 de julio.
Se juntaron de manera telemática más de 78 miembros, más de la mitad de la Convención, quienes abordaron los preparativos logísticos con miras a la histórica primera sesión, entre otros temas.
Entre ellos estuvieron las licitaciones que ya adjudicó por el Gobierno para el trabajo del órgano, información revelada por Ciper. Una de estas es la adjudicación de la seguridad a la empresa Incar, que recibirá 488 millones de pesos, cifra levemente menor a la destinada a la participación ciudadana -500 millones-.
Los constituyentes cuestionaron esa y también las bases de licitación con las que fue adjudicada la transmisión televisiva del trabajo de la Convención, mediante las cuales el Ejecutivo estableció que "no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado" por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Jaime Bassa, convencional independiente elegido en cupo de Convergencia Social, fustigó que "entre las licitaciones de difusión y comunicación, la Secretaría General de Gobierno se reserva el derecho de decidir qué se transmite del trabajo constituyente y qué cosas no se transmiten: eso es inaceptable".
"Claro, para la empresa de seguridad lo de las comunicaciones es un problema, lo de la participación es un problema, lo de inclusión es un problema. Esta misma empresa de seguridad tiene 200 demandas laborales en cinco años, eso también es inaceptable. Yo apostaría por generar las condiciones para revisar esos procesos de licitación y echarlos abajo si es necesario", planteó el abogado.
En el mismo sentido, el ex diputado Renato Garín, convencional independiente electo en cupo radical, adelantó que una de las propuestas que trabajan es "que todo aquello que el Ejecutivo haya hecho hasta aquí no se lo vamos a echar al tarro de la basura, sino que vamos a declararlo provisional".
"Y una vez que la Convención esté lista e instalada vamos a revisar las concesiones y licitaciones que estimemos convenientes, entre ellas la de seguridad", apuntó.
A su vez, la constituyente María Elisa Quinteros, independiente de la "Asamblea Popular por la Dignidad", pidió que haya menos seguridad en la ceremonia de instalación.
"No nos gustaría que hubiese demasiada seguridad y despliegue policial alrededor que prohíba o inhiba las movilizaciones que seguramente va a haber ese domingo, y que la gente tenga posibilidad de acercarse, porque ya las mismas rejas del ex Congreso Nacional son bastante altas, seguras, y no tiene mucho sentido un cerco policial. Es una ceremonia que es por y desde el pueblo", expuso.
La jornada de conversación de hoy se desarrolló en ocho grupos, en los cuales conversaron sobre distintos asuntos logísticos, como que no haya pasajes sólo para ellos sino también para acompañantes en caso de requerirlo, por ejemplo, para mujeres que no tengan con quién dejar a sus hijos.
Asimismo, en torno a la reserva de hoteles: algunos quieren cierta flexibilidad para elegir ellos mismos dónde alojarse y no tener que ir necesariamente al que defina la Secretaría Ejecutiva.
En el contexto de la pandemia, piden que si alguno da positivo al coronavirus, cuenten con las mismas facilidades que los parlamentarios para trabajar vía telemática.
En cuanto a la instalación de la Convención, los integrantes autoconvocados hoy plantearon también que se les permita a cada uno de los 155 convencionales formular un discurso, para lo cual podrían destinarse las primeras cuatro o cinco sesiones.
Las ideas y propuestas serán sistematizadas y abordadas el domingo en un nuevo plenario virtual autoconvocado.
Además, los grupos de trabajo de los convencionales analizaron la forma de "aceptación" del cargo, cuestionando que, en el decreto anunciado por el Presidente el último fin de semana, se especificara que se debe aceptar de "conformidad al capítulo XV de la Constitución", lo que algunos convencionales no aceptarán y ven ahí un contrasentido cuando ellos trabajarán para elaborar una nueva Carta Fundamental.
"Dice que aceptamos ejercer el cargo conforme al capítulo XV de la Constitución del 80, y encuentro que ahí se pasó tres pueblos", criticó la convencional RD Amaya Alves. En cambio, "creo que quizás podríamos decir que aceptamos ejercer el cargo de frente a los pueblos en Chile, y decir pueblos en plural", planteó.
Ricardo Montero, electo por el PS, propuso que "ante la pregunta que nos haga la oficial, nosotros respondamos en forma que 'aceptamos asumir y ejercer el cargo encomendado por los pueblos de Chile' ".
Mientras que la convencional por el pueblo originario aimara, Isabella Mamani, señaló que "es importante que me tomen la aceptación en lengua aimara".
También hay cierto consenso en los grupos de trabajo que en la ceremonia de inauguración no tendrán "jurar" ni "prometer".
