La aprobación en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional de una norma transitoria que busca limitar el secreto original de 50 años para la información reunida por la Comisión Valech, cuyo plazo expira en 2053, abrió nuevamente el debate.
La iniciativa, visada ayer por 17 votos a favor y 15 abstenciones, busca que, previa autorización de las víctimas, exclusivamente los tribunales de justicia y auxiliares de justicia accedan a la información contenida en la instancia con el fin de esclarecer casos pendientes de crímenes de lesa humanidad.
Fue en 2003, cuando el ex Presidente socialista Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo del sacerdote Sergio Valech, a quien debe su nombre. Ésta tenía como objetivo aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de su libertad por motivos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
En conversación con Cooperativa, María Luisa Sepúlveda, ex vicepresidenta de la Comisión Valech, habló sobre las implicancias de hacer públicos estos documentos.
"Muchas personas que llegaron a la comisión nunca habían declarado, nunca habían manifestado lo que les había pasado en el detalle, y por eso pedían que esto no fuera de dominio público. Eso es todo. Entonces, yo estoy por que eso se respete, a no ser que la misma persona autorice que eso se conozca. En eso no hay otra forma de que la persona la autorice", dijo la también ex funcionaria de la Vicaría de la Solidaridad.
INSULZA DEFIENDE "GESTO VOLUNTARIO, NO COMO UNA OBLIGACIÓN"
Desde el Congreso, el senador socialista José Miguel Insulza, que participó en la creación de la comisión como ministro del Interior de Lagos, también se mostró en contra de la norma transitoria.
"Existe una memoria colectiva que la conocemos bien, que cuenta lo horrible que fue esto, y también existe la intimidad de las personas, que tienen el derecho de que se les respete. Hay gente que no quiere y, si quiere, naturalmente lo va a hacer público", señaló el parlamentario.
"Hoy día se podría perfectamente abrir un portal para que todo el que quiere contar su historia la cuente. Eso costaría nada, no habría que legislar ni nada, es cuestión de hacerlo. Póngalo ahí, que entre los mismos convencionales abran un portal para que todo el que quiera contar lo que le pasó y lo que dijo a la Comisión Valech lo diga, pero como un gesto voluntario, no como una obligación", enfatizó.
DIRECTORA DE LONDRES 38: "SI HAY PERSONAS QUE POR INICIATIVA PROPIA PIDIERON MANTENER EL SECRETO, ESO DEBE RESPETARSE"
Una opinión diferente mantiene la directora del Espacio de Memoria Londres 38, Erika Hennings, que también testificó ante la comisión y respalda la norma transitoria, al considerar importante la liberación de los antecedentes.
Además, sostuvo que el compromiso adquirido de mantener en secreto los testimonios no era una condición prestablecida al momento de prestar declaraciones y que, en ese sentido, "si hay personas -que son las menos- que por iniciativa propia pueden haber dicho que esto se mantenga en secreto, eso tiene que respetarse".
"Eso se puede respetar y se resguarda. No existen los mecanismos y tendrán que buscar los mecanismos para que esos testimonios en particular se les respete el secreto con el cual han declarado, pero eso tiene que quedar consignado, no es algo en general", planteó.
El texto aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales todavía debe ser ratificado por dos tercios del Pleno de la Convención Constitucional antes que quede definitivamente integrado como una norma transitoria en el borrador de nueva Carta Magna, que será sometido a un plebiscito de salida con sufragio obligatorio el próximo 4 de septiembre.
