Tras cinco meses de trabajo, y en su última sesión, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó este lunes el texto definitivo de la nueva propuesta de Carta Magna, que quedó listo para ser plebiscitado el domingo 17 de diciembre.
En la jornada de cierre, y como signo evidente del carácter no consensual de la propuesta, el Partido Republicano -que lideró el órgano- y los representantes de Chile Vamos se manifestaron en bloque a favor con sus 33 votos, mientras que la izquierda -agrupada en Unidad para Chile- hizo lo propio con 17 sufragios de rechazo.
Esta nueva propuesta sucede a la elaborada por la Convención Constitucional, que tenía un claro perfil de izquierda y que fue rechazada con un 62 por ciento de los votos en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
El texto que se someterá a la voluntad ciudadana a fines de este año -que acomoda más "desde la centroderecha a la derecha", según admitió el jefe de bancada de los consejeros republicanos, Luis Silva- consta de 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias.
Incluye 51 mil 352 palabras, con "República", "Constitución", "Presidente", "Estado" y "Chile" entre las más mencionadas.
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El documento comienza recordando que su elaboración estuvo a cargo de un Consejo de 50 miembros que trabajó "a partir del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, nombrada por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado", y consigna los nombres de los 74 integrantes de ambos órganos constituyentes.
El Artículo 1 del Capítulo I, referido a los "Fundamentos del Orden Constitucional", comienza estableciendo que: "La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización".
Señala luego que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad", y que "el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas".
Añade además que "las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía", que "el Estado servirá a las personas y a la sociedad y (...) promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten".
Los capítulos siguientes se abocan a materias como "Derechos y Libertades", "Gobierno y Administración del Estado", "Defensa Nacional", "Seguridad Pública", "Poder Judicial", "Defensoría de Víctimas", "Ministerio Público", "Contraloría", "Protección del Medio Ambiente" y "Procedimientos de Cambio Constitucional".
Al cierre incluye las 62 disposiciones transitorias y las firmas de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia; del vicepresidente, Aldo Valle; y del secretario general del proceso constitucional, Luis Rojas.
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