El pleno de la Convención Constitucional rechazó esta noche 32 de los 38 artículos incluidos en el primer informe que emanó la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.
Sólo seis puntos lograron al menos 103 votos y pasarán a su análisis y votación en particular de este viernes.
El 85 por ciento del articulado restante volverá a la comisión para su revisión.
El debate estuvo marcado por las intervenciones de quienes defienden la necesidad de una Constitución ecológica; y de quienes han asegurado que se trata de una propuesta "maximalista", principalmente la derecha, que argumentan que esas regulaciones deberían estar por ley.
Los artículos aprobados fueron el 1° (110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones), el 5° (108 a favor, 43 en contra y ninguna abstención), el 23° (103 a favor, 28 en contra y 20 abstenciones), el 25° (103 a favor, 16 en contra y 34 abstenciones), el 33° (103 a favor, 34 en contra y 16 abstenciones) y el 37° (106 a favor, 33 en contra y 14 abstenciones).
El primero señala que "El Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana".
El quinto establece que "Es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. La restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana. La ley establecerá las instituciones y normativas necesarias para resguardar estos derechos, asegurar la participación ciudadana y la consulta indígena".
En relación con los Derechos de los Animales No Humanos, el artículo 23° indica que "El Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato".
En línea con lo anterior, el artículo 25° declara que "El Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal".
El artículo 33°, en tanto, reconoce el "derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales", cuyos mecanismos de participación serán determinados por ley.
Finalmente, el artículo 37° consagra que el "Derecho de acceso a la información ambiental", es decir, que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, y de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado".
ESCASA AUTOCRÍTICA DE LOS COORDINADORES DE LA COMISIÓN
Al tratar de explicar el fracaso del grueso del articulado, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), co-coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, acusó que "hemos tenido un asedio mediático importante y también a las empresas haciendo una y otra nota sobre lo que pasa y no pasa en esta comisión, porque sabemos que estamos moviendo el modelo económico asociado a la protección ambiental".
Además, "sabíamos de que en caso de que se aprobaran los artículos, iba a ser una aprobación bastante apretada", adujo la convencional.
Mientras, el otro coordinador de la comisión, Juan José Martin (independiente), respondió que "nosotros somos, por cierto, la primera generación de activistas ambientales y socioambientales que llega a un espacio de toma de decisiones tan importantes como este. Esta, por supuesto, es la primera oportunidad que tenemos como sociedad y como país de poner estos temas sobre la mesa en materia ambiental".
Sin embargo, para Rodrigo Álvarez (UDI), integrante de la comisión, el rechazo de la mayoría del informe en el Pleno es "un buen resultado para Chile, debido a que muchas de estas normas hubieran producido problemas tanto jurídicos como sociales y económicos".
"Era un informe profundamente equivocado, desmedido para las necesidades de nuestro país, que creaba categorías jurídicas absolutamente absolutamente incorrectas", señaló el convencional.
