El Servicio Electoral (Servel) instruyó a revisar todos los patrocinios notariales a la Convención Constitucional, esto tras la sucedido con el rechazo del organismo a la candidatura presidencial de Diego Ancalao, de La Lista del Pueblo, y la inscripción de más de 23 mil firmas presuntamente falsificadas.
Esto fue confirmado por el Servel, según consignó El Mercurio, sin embargo, anteriormente los parlamentarios de RN y la UDI oficiaron al Servicio Electoral para solicitar una auditoría especial a las firmas de patrocinio de los constituyentes de La Lista del Pueblo, ya que postularon como independientes y también requerían patrocinios para postular a la Convención, cuyas firmas oscilaron entre las 300 y 1.000 exigidas.
"Reconociendo el mérito y la representatividad de quienes, por intermedio de la Lista del Pueblo, lograron sus escaños, y presumiendo la buena fe de los mismos, nos permitimos preguntarnos si aquellos agentes 'territoriales' que se acusan de las ilicitudes en la candidatura de Ancalao pudieron intervenir en la inscripción de otras candidaturas de la colectividad", indicaba el oficio de RN.
Además, la UDI también solicitó una auditoría especial externa de ser necesaria y en el oficio enviado al Servel indicaron que "no puede desestimarse la presencia de irregularidades en la obtención de dichos patrocinios, puesto que la conducta de Ancalao puede responder a una forma premeditada de hacer las cosas por los integrantes de esta lista".
"El eventual delito cometido por el candidato o su equipo de campaña, en la recolección de firmas, ha dañado la fe pública y ha tratado de defraudar a una de las instituciones que con mayor prestigio cuenta en nuestra estructura electoral (...) esto, legítimamente, ha hecho dudar de la forma en que los convencionales de la Lista del Pueblo han logrado obtener las firmas para postular a la Convención Constitucional, el actuar concertado del candidato puede haberse transformado en un modus operandi", agregan.
Por otro lado, desde Renovación Nacional también anticiparon que presentarán un proyecto de ley que "plantee la obligación del Servicio Electoral de auditar los padrones de afiliados de un partido político cuando en un período de seis meses se hayan recibido a su respecto 150 denuncias por afiliación involuntaria o bien, un número de denuncias que represente un porcentaje determinado de su padrón de afiliados".