El Gobierno se retractó de excluir a esa población, pero llamó a regular, a futuro, el sufragio migrante.
Propuso, además, reducir la sanción a un cobro único de 0,5 UTM (alrededor de 33 mil pesos).
La inclusión de este grupo fue uno de los puntos más controvertidos del debate que desató el anuncio de este veto, hace casi dos semanas.
Tras casi dos semanas de discusión por el contenido del veto presidencial en torno al proyecto de ley que regula el voto obligatorio, entre otras materias relacionadas con las elecciones de octubre, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, presentó el documento de siete numerales este miércoles.
Uno de los puntos más controvertidos era la inminente exclusión a los extranjeros de la sanción, pero el Gobierno finalmente reculó en su posición, dejando a toda la población habilitada para votar sujeta a esta multa, consignó Emol.
Eso sí, el ministro Elizalde observó en el Congreso que "como país debemos discutir respecto de la regulación del voto de los extranjeros".
Asimismo, el veto presidencial reduce la sanción a un cobro único de 0,5 UTM (alrededor de 33 mil pesos), la cual en su momento podía ir desde 0,5 a 3 UTM (desde 33 mil hasta 200 mil pesos).
El costo asociado a no votar de forma injustificada también ha sido un nudo crítico para la tramitación, puesto que la Sala del Senado rechazó el informe de la comisión mixta en parte por una importante reducción de la multa.
Todo lo relativo a la sanción aparece en un numeral único, el que además establece que la elección de octubre se realizará en dos días y la rebaja del aporte a las campañas por ser aspectos que, de acuerdo con Elizalde, "son el corazón de la propuesta formulada por el Presidente de la República".
Otro aspecto que el Gobierno busca reponer es el feriado irrenunciable para los comicios de octubre, eliminado en la Cámara Alta, aunque el secretario de Estado aclaró que de aprobarse el veto, este sólo aplicaría el domingo.
"Se pretende restituir el principio básico y fundamental respecto de la naturaleza del feriado del día de la elección", apuntó el titular de la Segpres.
Por otro lado, también se sustituye la redacción del plazo para incorporar los documentos en las declaraciones de candidaturas, permitiendo que puedan ser proporcionados e ingresados al sistema del Servicio Electoral con anticipación y no en un plazo de 72 horas, como señala el proyecto en la actualidad.
Finalmente, hay dos vetos aditivos consecutivos que regulan la propaganda electoral a través de redes sociales, rescatando el principio existente sobre las promociones radiales, "que es básicamente que al contratarse el servicio, los precios que se ofrecen sean los mismos para todos los candidatos y que la contratación sea transparente", explicó Elizalde.
