El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseveró que el veto presidencial en torno al proyecto que regula el voto obligatorio, entre otras materias vinculadas con las elecciones de octubre, descarta un presunto afán del Gobierno de "cambiar las reglas del juego", sobre todo en lo que respecta a las sanciones.
Uno de los puntos más controvertidos para la tramitación era la inminente exclusión de los extranjeros de la multa por abstención injustificada, pero el Gobierno finalmente reculó, optando por que toda la población habilitada para votar esté sujeta a la sanción.
Consultado por el motivo para ceder en ese aspecto, el secretario de Estado explicó este miércoles que "tuvimos a la vista el poco tiempo que hay para las elecciones", todo cuando "se había instalado un sentido común respecto de que el voto obligatorio estaba consagrado en Chile, y eso ha llevado a que algunos parlamentarios equivocadamente hayan señalado que el Gobierno ha querido cambiar las reglas del juego, cuando las reglas vigentes en nuestro país son voto obligatorio sin sanción".
"Lo que hace este proyecto es precisamente corregir ese aspecto, estableciendo una sanción para las elecciones de este año. Pero eso no obsta que creamos que es necesario tener un debate democrático, con altura de miras", defendió el ministro.
Antes de que el Gobierno ingresara el veto, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, destacó esta mañana que "aparte de (establecer elecciones en) dos días y de las sanciones, este proyecto trae otras cosas", como "facilidades para la declaración de candidaturas del próximo lunes -que ya no se va a poder implementar, obviamente-, que era una facilidad para partidos y candidatos", así como permite que los vocales de mesa "no se repitan tantas veces", y precisa "cómo va a ser el financiamiento de la campaña".
Volviendo a los beneficios para los postulantes, Tagle enfatizó que "con candidatos ya declarados el lunes va a ser una incógnita y no debería ser, por lo tanto, es urgente que este proyecto salga de una vez por todas".
El Senado revisará el documento a partir de la próxima semana: su tramitación comenzará en la Comisión de Gobierno, luego pasará a la Comisión de Hacienda, y la idea es que llegue a la Sala a más tardar el miércoles, donde los parlamentarios deberán votar a favor o en contra del paquete completo, con la idea de que avance inmediatamente a la Cámara Baja.
LOS REPAROS DE LA OPOSICIÓN
Otro nudo crítico para el proyecto ha sido el monto de la sanción, por lo que el Gobierno propuso establecer un cobro único de 0,5 UTM (alrededor de 33 mil pesos), cuando en su momento, la multa podía ir desde 0,5 a 3 UTM (de 33 mil hasta 200 mil pesos).
"El veto es un jaque mate a la oposición, por cuanto no tengo más alternativa que simplemente aprobarlo", manifestó el senador Rojo Edwards (Comité Social Cristiano), al tiempo que advirtió que con este cambio, "lo que están buscando en realidad es que la gente no participe: estas multas de 0,5 UTM son realmente una vergüenza".
Por otro lado, también generó molestia entre la derecha un supuesto borrador del veto -según el Gobierno- que circuló más temprano, el cual incluía entre las excepciones de la multa a "personas gestantes en cualquier periodo de embarazo, personas de 70 años o más y las que se encontraren al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o discapacidad".
Si bien el Ejecutivo ingresó el texto sin ese apartado, la senadora Luz Ebensperger (UDI) igualmente lo mencionó entre "algunos temas en específico que nunca se habían conversado y que espero poder hablar con el ministro Elizalde".
"Que establezcan que la sanción no se le va a cobrar, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, (porque) cuando estamos embarazadas no estamos enfermas, y ya se pone en primer lugar a los enfermos; una mujer que estuviera embarazada y tenga algún problema está incluida ahí. Lo mismo con las personas mayores de 70 años", argumentó.
De todos modos, la gremialista añadió que "hay que tratar de aprobarlo, pero hay cosas que todavía creemos que se pueden arreglar".
OFICIALISMO SE CUADRA CON EL VETO
Desde la alianza de Gobierno, el senador socialista Juan Luis Castro relevó que "el veto viene a actualizar que el voto tiene que ser obligatorio, tiene que ser multado, no puede haber diferencias entre electores y ciudadanos y claro, tiene que haber una ley orgánica posterior que haga la regulación acorde a la Constitución".
"A mi juicio, viene a colocar las cosas en su lugar. O sea, no debiese haber voces que rechacen ese veto", insistió el legislador.
Su par de la DC Iván Flores dijo esperar que "no solamente mi bancada, sino que la Sala resuelva favorablemente este veto, y tengamos una ley que permita dar facilidades a los electores, y que esta sea una jornada de ejercicio democrático, con todos los elementos que permitan hacer (el voto) facilito y sencillo".
