El titular de Justicia explicó que los Convenios de Transferencia de Recursos "es un mecanismo que funciona hace una cantidad importante de años".
Pese a esto, indicó que "ya no solo es objeto de evaluación el caso de esta fundación, sino que en general todas aquellas que han recibido transferencias de la misma modalidad".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió el mecanismo por el cual se está investigando a Democracia Viva, fundación ligada a Revolución Democrática, por el millonario convenio firmado con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
"No toda transferencia ni toda fundación es objeto de sospecha, sino que muchas de ellas cumplen un rol muy determinante para el funcionamiento del Estado", recalcó.
Todo esto luego que la Contraloría General de la República instruyera al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que rinda cuentas respecto a cómo se realizó este polémico proceso de convenios, a lo que se suma una investigación de oficio de la Fiscalía Regional de Antofagasta por este mismo caso.
Pese a todo lo anterior, el ministro Cordero explicó que los Convenios de Transferencia de Recursos son "un mecanismo que funciona hace una cantidad importante de años y, en consecuencia, ya no solo es objeto de evaluación el caso de esta fundación, sino que en general todas aquellas que han recibido transferencias de la misma modalidad y eso es parte de la investigación que se está desarrollando ahora".
En esta línea, el secretario de Estado indicó que "hay una serie de observaciones del punto de vista administrativo que el ministerio ya había detectado y que, por lo tanto, se van a transformar en reforma de protocolos para las transferencias de este tipo de recursos".
Aun así, resaltó que "creo que lo conveniente es también tener en consideración que no toda transferencia ni toda fundación es objeto de sospecha, sino que muchas de ellas cumplen un rol muy determinante para el funcionamiento del Estado y el rol activo de la sociedad civil".
El caso surgió la semana pasada tras revelarse que el entonces seremi Carlos Contreras -renunció tras conocerse la situación- suscribió tres convenios directos, por un total de 426 millones de pesos, con la organización representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez.
En la última jornada, el Presidente Gabriel Boric expresó que "acá no puede caber ningún tipo de complacencia ni de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir". Aunque "nadie puede poner las manos al fuego por todo el mundo, la diferencia es cómo reaccionamos ante este tipo de casos, y nosotros vamos a reaccionar con mucha firmeza", sentenció.
