El Gobierno aclaró que no está disponible para un acuerdo que "avale la impunidad" respecto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas en la UDI.
El ministro vocero Álvaro Elizalde salió al paso de las versiones de prensa tras la "invitación" del timonel gremialista, Ernesto Silva, para iniciar un debate "sobre el financiamiento de la política" y avanzar hacia una "segunda etapa" del acuerdo Lagos-Longueira de 2003.
"En Chile nadie está por sobre la ley. Bajo ninguna circunstancia el Gobierno avalará un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando la Fiscalía", dijo enfático Elizalde en el Palacio de La Moneda.
"No se debe confundir el financiamiento de las campañas en el marco de la ley con aquéllos realizados de forma ilegal (...) En el llamado 'caso Penta' se están investigando delitos y serán los Tribunales, en el marco de su autonomía, los llamados a pronunciarse tras la investigación de la Fiscalía", indicó el vocero, que insistió en la importancia de "separar los aspectos judiciales y administrativos de los aspectos políticos".
"Cuestión distinta es que -tal cual está considerado en el programa y ha sido un compromiso que nosotros adquirimos hace mucho tiempo- vamos a impulsar una agenda de reformas para que tengamos un marco regulatorio más estricto respecto de la forma en la cual se financia la actividad política, elevando los estándares de transparencia y probidad", agregó el portavoz, que dijo esperar "que todos los sectores políticos apoyen estas reformas".
Nueva Mayoría: No aceptaremos presiones
El tema marcó la reunión del comité político realizada esta mañana en la sede de Gobierno. En la misma línea de Elizalde se expresó el senador Jaime Quintana, presidente del PPD y vocero de la Nueva Mayoría durante el presente mes.
"Nosotros, como Nueva Mayoría, no estamos por avalar ningún acuerdo que busque impedir la investigación judicial de eventuales delitos tributarios o irregularidades relacionadas con la Ley Electoral", dijo Quintana.
"Frente a ese camino lo que tiene que ocurrir es lo que hacen las instituciones en un sistema democrático. En este caso el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía tienen que hacer lo que corresponde. Si aquí hay delitos, irregularidades de cualquier tipo, tienen que investigarse y sancionarse. Por lo tanto, aquí no hay espacio para presiones de ningún tipo, y la Nueva Mayoría no va a avalar ninguna presión en ese sentido", advirtió el timonel.
Amplitud no acepta "blanquear situaciones irregulares"
El presunto acuerdo también motivó pronunciamientos desde la oposición y los líderes del movimiento Amplitud salieron a rechazar cualquier posibilidad de acuerdos que sirvan para "blanquear situaciones irregulares".
"Nosotros en junio, cuando firmamos un acuerdo con La Moneda para cambiar el sistema electoral binominal, incluimos limitar las reelecciones parlamentarias y, además, mejorar sustantivamente la ley sobre financiamiento de campañas políticas", dijo en una conferencia de prensa la senadora Lily Pérez.
"A las leyes siempre se les pueden hacer mejoras, pero esto que se ha hablado este fin de semana no tiene nada que ver con eso. De lo que se ha hablado es una especie de blanqueo de situaciones irregulares que se habrían dado en algunas campañas", criticó Pérez.
En un punto de prensa ofrecido en la sede de la UDI, en calle Suecia, el timonel Ernesto Silva reiteró su disposición para "conversar" con el Gobierno, pero evitó profundizar en el tema al ser consultado por mayores detalles.
"Con el Gobierno la oposición conversa todos los días y de todos los temas. Nosotros lo que creemos es que las instituciones tienen que funcionar para todos los chilenos por igual. En este tema nosotros mantenemos el rol de partido de oposición y lo vamos a mantener con especial convicción y fuerza, porque lo que vemos –y es lo que he descrito recientemente- sobre lo que fue la semana pasada en el país, lo menos que hace es que los chilenos le pidan a gritos al Gobierno que cambie de actitud", señaló el diputado, desviando las declaraciones hacia los temas de seguridad y economía.
