El ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (PRO), anunció durante la jornada del viernes que insistirá ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección con el que buscaba recuperar su derecho a voto.
Cabe recordar que Enríquez-Ominami denunció en diciembre pasado al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una presunta "privación arbitraria" de sus derechos políticos, lo que le impidió sufragar en las últimas votaciones debido al proceso penal que enfrenta por delitos tributarios en el caso "SQM".
En la misma línea, durante la jornada del pasado jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección en favor de Marco Enríquez-Ominami, con el que el ex candidato presidencial buscaba la restitución de sus derechos políticos y ciudadanos.
Producto de la negativa del tribunal, Enríquez-Ominami manifestó que "vamos a pedir que la Corte Suprema se pronuncie acerca de mi derecho a voto, un derecho político que me fue quitado y un derecho humano que no se me respeta porque un Fiscal, Pablo Gómez, utilizado por Sebastián Piñera cuando hace seis o siete años, cuando éramos la opción de cambio confiable y tranquila, nos montaron decenas de acusaciones".
"Por una de ellas es que, sin tener derecho a un juicio, ni una fecha próxima para un juicio para poder defenderme, me han quitado un derecho humano, el derecho a votar", añadió el ex candidato a la presidencia.
"Las dictaduras quitan los derechos políticos, en democracia es inaceptable. No por mí solamente, es una causa más grande, inclusiva, no es posible que tengamos presos sin juicio, sin condena, no es posible que a alguien se le quite el derecho a voto. Por eso, le pediremos a la Corte Suprema que se pronuncie acerca del Estado de Derecho en Chile que, hace mucho rato, sabemos todas y todos, que está desafiado por la corrupción, por la manipulación política de algunos fiscales", dijo.
Asimismo, Enríquez Ominami puntualizó que le solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie respecto a "si quitarle un derecho humano a alguien, sin juicio, sin condena, sin siquiera una fecha de juicio, se ajusta a la Convención Internacional, al Derecho Internacional, y -ni más ni menos- que a nuestro Estado de Derecho".
