La Contraloría General de la República objetó, debido a su alto precio "injustificado", la compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, y declaró además que ni siquiera "procede" legalmente la implementación de una "Clínica Municipal".
En enero de este año, el Concejo Municipal aprobó la compra del edificio de la exClínica por 8.200 millones de pesos, y la alcaldesa Irací Hassler (PC) celebró que su comuna tendría "la primera clínica municipal de Chile, llevando la atención primaria de salud a un siguiente nivel", a beneficio de los vecinos y permitiendo a los funcionarios "trabajar en mejores condiciones".
Este jueves, tras un análisis de los antecedentes, la Contraloría determinó que "no procede (la) implementación de una 'clínica municipal'", pues con ella la Municipalidad pretendía otorgar prestaciones de salud "que excederían del nivel propio de la atención primaria" que la ley le faculta.
Como esto "no resulta procedente, (...) si el municipio insiste en implementar este proyecto, (pero) reformulado, deberá someterlo a una nueva aprobación del concejo municipal", indicó el organismo.
"NO SE FUNDAMENTA EL GASTO"
Gran parte del pronunciamiento de la Contraloría se centra en la impugnación de la inversión pública involucrada: indica que "no se fundamenta el gasto para la adquisición de los inmuebles", ya que existe "una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (...) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora", y dichos antecedentes estaban en conocimiento del municipio.
Además, destaca que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio "superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal", como también que las tasaciones encargadas presentan inconsistencias, como falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros.
Por todo esto, concluyó que "no es posible tener por fundamentado el gasto", debiendo el municipio adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales en un plazo de 15 días hábiles.
En otro punto, el organismo aseguró que, pese a su orden de "congelar las acciones para materializar la compraventa", Pablo Casanueva, en representación de la inmobiliaria y del municipio, "habría complementado y rectificado la escritura pública de compraventa, con el fin de pactar la negociación".
El organismo resolvió, en definitiva, abrir un sumario para determinar responsabilidades administrativas tanto por el gasto infundamenntado como por el incumplimiento de su instrucción de paralizar el proceso.
MUNICIPIO DESISTIÓ DE LA COMPRA
Conocido el fallo del ente contralor, la alcaldesa Hassler anunció que "hemos decidido no perseverar en el proceso de compra, al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores".
"Me parece relevante destacar que no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago, y por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio", añadió la jefa comunal.
A su vez, "valoro que la Contraloría señale que ha sido un proceso transparente, y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso".
En el comunicado oficial del municipio, complementa que "lamentamos que haya reparos a que Santiago cuente con una clínica municipal", y dado que este proyecto además pretendía albergar al Cesfam Padre Orellana, "la alcaldesa ha instruido continuar en la búsqueda inmediata de alternativas para ello".
Desde el Congreso, el secretario general de RN, Diego Schalper, calificó como "tremendamente grave lo que ha comunicado la Contraloría", y por tanto, "lo que corresponde es que se abra un sumario y se establezcan las responsabilidades hasta las últimas consecuencias".
"Nos parece que la alcaldesa Hassler le debe una explicación no sólo a los vecinos de Santiago, sino que a todo el país", aseveró el diputado.
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro consideró que era predecible que el proceso terminaría en un "fracaso", puesto que "no había justificación para que un municipio comprara una clínica privada, no había un precio razonable, cuando se está comprando casi cuatro veces por sobre el valor original".
Por ello, el oficialista coincidió en que "esto amerita una explicación de la alcaldesa de Santiago. Es una situación anómala, irregular".
