La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), reafirmó su disposición a colaborar con la investigación por un eventual sobreprecio en la compra de la exclínica Sierra Bella, después de que la Justicia ordenara incautar el millonario vale vista que el Municipio pretendía utilizar.
La jefa comunal señaló que "hemos aportado a la Contraloría todos los antecedentes que nos ha solicitado, y si es que la Fiscalía Centro Norte nos pide cualquier información, vamos a estar siempre disponibles para aquello".
"Somos los más interesados en que se despeje cualquier duda, y que podamos concretar un proyecto tan anhelado para la salud pública de nuestros vecinos y vecinas", recalcó, aludiendo a la "clínica municipal" que se vio suspendida por la indagatoria.
La Fiscalía Centro Norte, que además alista una citación para la alcaldesa, solicitó embargar el documento en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que ejecutar aquello fue "idóneo y necesario con el objeto de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino del vale vista".
En la víspera, el Municipio sostuvo que esta medida confirma que no existe ningún gasto de recursos públicos.
El 2 de febrero pasado, la Contraloría envió un oficio a la municipalidad instruyéndole suspender la compra de la clínica, al haber una causa abierta por un eventual pago de sobrecosto.
COLABORACIÓN SE LIMITA A "BUENAS INTENCIONES", SEGÚN QUERELLANTE
Desde la parte querellante, el abogado Sergio Rodríguez Oro -que representa a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser-, acusó que "las versiones de una colaboración están más bien en el ámbito de las buenas palabras, las buenas intenciones, pero concretamente no se ha hecho nada" de parte del municipio.
Para el jurista, que propuso esta última diligencia a la Fiscalía, "que el patrimonio municipal no se vea afectado en el sentido de que no se produzca el movimiento de dinero desde el banco al vendedor, no ha sido consecuencia de la actuación autónoma de la municipalidad, sino que de otros organismos públicos, motivados por denuncias de distintas personas ante la evidencia y lo grave de los hechos que se están investigando".
Por otro lado, la concejal independiente Rosario Carvajal advirtió que "a pesar de la orden de Contraloría, el representante de la Inmobiliaria San Valentino -vendedora de la exclínica- acudió el 13 de febrero a la notaría a rectificar la escritura. Desde nuestra perspectiva, eso constituye un desacato".
En esa línea, consideró que "es muy bueno poder prevenir a través de la incautación del vale vista, y así evitar cualquier cobro de este instrumento mientras se realiza la investigación".
