Incidentes se registraron esta mañana en una nueva y mediática demolición de una ampliación irregular de una vivienda en la comuna de La Florida, el cuarto operativo que encabeza el municipio contra una casa donde acusa que se cometían delitos asociados al narcotráfico.
Esta vez se llevó a cabo en calle General Arriagada, en el barrio Los Quillayes, donde vecinos opusieron resistencia a la acción atacando con objetos contundentes, piedras e incluso tomates a la policía y al alcalde Rodolfo Carter, y también a trabajadores de la prensa.
Producto de los desórdenes, se movilizó personal de Control de Orden Público de Carabineros, que actuó con el carro lanzaaguas.
De todos modos, el jefe comunal tuvo que mantenerse bajo resguardo en una sede vecinal; y se generó un amago de incendio.
La dueña de casa contó que su hijo, quien supuestamente comercializaba drogas, está encarcelado, pero negó que la ampliación -que presuntamente data del año 2000- haya sido financiada con dineros provenientes del delito.
"Mi hijo está preso en Santiago Uno. Yo tengo que apoyarlo, pero no porque vendía droga, (que) por eso se lo llevaron. Él no vive conmigo, yo vivo sola vivo sola con una niña de 12 años, que está llorando en el colegio porque le llegó la notificación por teléfono", declaró Elena Orellana.
La mujer pidió hablar con el alcalde: "¿Por qué me vincula con cosas que no hago?".
Se trata de una construcción de material mixto, 12 metros cuadrados, en departamentos de un block que en 2020 fue allanado por microtráfico, procedimiento en que fue detenido su hijo.
El alcalde Carter defendió la demolición asegurando que "no es una acción voluntaria del alcalde, es cumplir la ley, y evidentemente cada vez vamos a tener resistencia; a la señora Elena se le van a respetar sus derechos como corresponde, y la ampliación ilegal que tiene va a ser demolida".
"Este es un barrio que durante décadas ha estado sometido por la droga, aquí hubo personal policial asesinado en uno de los tiroteos más sangrientos que ha tenido la Región Metropolitana; este barrio es conocido en todo Santiago y en La Florida como el más conflictivo de todos (de la comuna)", afirmó también.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que "las demoliciones que se han efectuado tienen que ver no con el narcotráfico, sino que con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones".
En tanto, "la estrategia de Gobierno para enfrentar y combatir decididamente el narcotráfico y el crimen organizado se ha expresado no solamente en la conformación de los consejos contra el crimen organizado y el aumento presupuestario en la Ley de Presupuestos para esos consejos, sino que también en el empuje de la Ley contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, y que justamente busca -entre otras cosas- fortalecer las capacidades de las policías en el combate al narcotráfico y poder requisar los bienes y el patrimonio", expuso.
El fin de semana, a través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), llamó a "todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos", pues el hecho de que "que sigan ahí, intocables, es un monumento a la impunidad; son castillos de quienes se creen señores feudales en nuestras poblaciones".
A inicios de mes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó este tipo de operativos como una "estrategia jurídicamente ingeniosa", pero advirtió de los efectos que pueden conllevar "los errores" que se cometan al hablar, por ejemplo, de "narco casas".
"Es más efectista que efectivo en el marco del problema global", cuestionó, por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), quien planteó que el foco debe apuntar a "demoler el patrimonio de las organizaciones criminales".
