El pasado martes 29 de agosto falleció a los 79 años Guillermo Teillier, mismo día en que su abogado, Adil Brkovic, ingresó una demanda del otrora presidente del Partido Comunista (PC) contra el Fisco por 250 millones de pesos.
Según informó La Tercera, el histórico dirigente del PC avanzó en los últimos meses en una arremetida contra el Estado por los apremios que sufrió durante la dictadura: en junio de 1974 fue detenido y torturado por seis meses en el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Posteriormente permaneció otro año y medio más preso en campos de concentración ubicados en Ritoque, Puchuncaví y Tres Álamos.
Desde el entorno del extimonel explicaron al vespertino que se intentó presentar la acción judicial con anterioridad, pero un problema en la carga de los archivos impidió que quedara ingresada formalmente. Ello ocurrió y quedó registrado, en definitiva, el mismo 29 de agosto de su deceso.
Una vez ingresada, el 28° Juzgado Civil de Santiago resolvió el pasado 4 de septiembre archivarla debido a una falta de patrocinio y poder del abogado.
Debido a esto, Brkovic interpuso un recurso de reposición, advirtiendo -según consignó el medio antes citado- que el mandato judicial que recibió no se agota con la muerte del mandante: en caso de que la acción judicial sea acogida, los beneficiarios podrían ser los herederos de Teillier.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En detalle, la millonaria demanda de Teillier -por concepto de indemnización de perjuicios- argumenta que los apremios que padeció generan "una obligación" de reparación desde el Estado.
"Además de sus consecuencias penales, generan efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas", detalló parte del escrito presentado, en el que se indicó también que "la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado, tiene su fuente tanto en el derecho público nacional como en el derecho público internacional".
En esta línea, la demanda dio cuenta que durante su detención, Teillier "fue maltratado y torturado, sometido a sesiones de torturas una vez con aplicación de corriente en las partes más sensibles del cuerpo por Edgar Cevallos y por otro oficial que vestía de civil y que se distinguía porque tenía una cicatriz en la frente".
"De conformidad a la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, estaríamos en presencia de lo que se ha denominado daño moral, es decir aquella afectación o lesión efectuada culpable o dolosamente, que han significado molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra, en el caso la integridad psicológica, derecho que por lo demás está garantizado en la Constitución Política", puntualizó el escrito, según reveló La Tercera.
Finalmente, se informó que la acción "se encuentra sustentada en la privación ilegal de libertad y torturas que sufrió el actor por parte de organismos del Estado, vulnerándose con aquello la prohibición absoluta que establecen los instrumentos internacionales respecto de dicha práctica criminal".
