El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó la intención de llevar al Gobierno a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso que se revoquen pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social a personas con antecedentes penales o con condenas.
La diputada comunista María Candelaria Acevedo planteó esta idea en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, aunque no fue bien recibida por parte del resto del oficialismo. En entrevista con El Mercurio, Carmona aseguró que la parlamentaria "tiene una palabra en esto muy autorizada", porque fue "detenida por la CNI, desaparecida", por lo que "sabe de cosas mayores, de cosas más grandes", pidiendo respeto hacia su persona.
"Creo que es una palabra muy autorizada y respaldo la formulación que hizo", declaró el timonel del PC.
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara despachó a Sala esta semana el proyecto que invalida la entrega de pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales, respaldando así lo propuesto por parlamentarios, tras no dar la unanimidad para admitir a trámite la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno, que informó que presentará un proyecto propio y, por vía administrativa, se van a dejar sin efecto las pensiones que se entregaron a personas que tienen antecedentes penales.
Asimismo, Carmona cuestionó: "¿Usted cree que si le revoca la pensión de gracia que le dio porque el Estado transgredió sus derechos, al revocársela, como ahora, es delincuente, vuelve a recuperar el ojo o ahí libra piola el Estado? No puede".
"El Estado no puede rebajarse al nivel de un delincuente. El Estado, lo mínimo que puede hacer, salvo que sea un Estado salvaje, es intentar reparar el daño causado por un agente del Estado", remarcó el también exparlamentario.
Y explicó que "para que alguien postule a una pensión de gracia vinculado a un tema de una movilización social es que el Estado de Chile haya atropellado sus DDHH, porque las pensiones de gracia están hechas en ese plano: para reparar un daño causado por instituciones del Estado".
Asimismo, puntualizó que, en caso de ser revocadas estas pensiones, "debe ser un proceso que, yo espero, los colectivos a los que les toca calificar quién es meritorio, en este caso el INDH, califica y propone; quienes luego evalúan las presentaciones que se hacen son las personas en (el ministerio del) Interior, y tienen que hacerlo bien, porque nadie puede pasarles gato por liebre; yo no estoy porque alguien se lleve pensiones de gracia sin tener derecho a ellas. Pero lo otro, dado que es un delincuente, ¿le vamos a atropellar sus derechos? No puede ser. El Estado no es delincuente".
Finalmente, acerca de revocaciones administrativas del Gobierno, indicó que el Ejecutivo "puede hacerlo y tiene que evaluar un informe si es meritorio o no la pensión de gracia, de lo contrario, habría que hacer un nuevo reglamento que dijera 'tendrán derecho a una pensión de gracia todos aquellos chilenos que demuestren que el Estado transgredió sus DDHH siempre y cuando no sea delincuente'. Tendría que decir eso".
"Yo no sé quién se atreve a hacer eso, eso es una rebaja civilizatoria", cerró.
