El diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg insistió en su llamativa acusación de "precorrupción" contra la Presidenta Michelle Bachelet, en medio de la escalada de reclamos por el "supuesto intervencionismo" electoral de La Moneda.
Monckeberg lanzó ayer el concepto en la Radio Agricultura, y consideró "evidente que debajo de la mesa hay un acuerdo" entre Bachelet y Alejandro Guillier. En conversación con Cooperativa reafirmó sus declaraciones, que la ministra vocera, Paula Narváez, ya calificó como "una agresión inaceptable", además de "una insolencia hacia la institución y hacia la persona" de la Jefa de Estado.
"Cuando la Presidenta de la República, cuando la vocera de Gobierno, actúan al margen de la ley, interviniendo electoralmente, lo que están haciendo es notificarles a los funcionarios subalternos que ellos también pueden actuar al margen de la ley con tal de aferrarse al poder y tratar de hacer campaña para ganar las elecciones. Eso se llama precorrupción", dijo Monckeberg a El Diario de Cooperativa.
El integrante del comando de Sebastián Piñera aseguró que la oposición va a "presentar todos los antecedentes a la Contraloría" e incluso "ejercer acciones judiciales, si es necesario".
Precisamente esta mañana el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, concurrirá a la Contraloría para entregar un informe y solicitar "que se evalúe si la agenda de actividades públicas de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se ha ajustado al deber legal de probidad y prescindencia política de las autoridades, en el marco de la campaña electoral presidencial".
Ayer ya acudieron a la Contraloría parlamentarios de la UDI y la diputada Karla Rubilar.
Menos denuncias
En la víspera el contralor Jorge Bermúdez ya se refirió a esta ola de denuncias, y advirtió, a propósito de la polémica de las listas de espera, que "a veces se utilizan estas actuaciones con un poquito de oportunismo para poder sacar algún partido o algún rédito político".
Respecto a los procedimientos que adopta el organismo, precisó: "Si usted hace una denuncia hoy día, lo que nosotros tenemos que hacer es pedir un informe a aquella persona que ha sido denunciada. Esa persona tiene 10 días hábiles para responder... Por lo tanto, sólo después de que tenemos esa respuesta nosotros emitimos un dictamen, que es obligatorio para ese funcionario".
Sin embargo, "aunque parezca una cosa extraña, hemos recibido menos denuncias que para otras elecciones...", comentó el abogado.
"En la elección municipal tuvimos muchas más denuncias que las que ha habido ahora. Lo que pasa es que es probable que ahora hayan sido un poco más mediáticas o hayan tenido un poco más de eco en los medios de prensa", aclaró.
Comando de Guillier: No podemos mantenernos indiferentes
A la crítica sobre la utilización política respecto a las listas de espera respondió la senadora electa del PPD Ximena Órdenes, quien integra el comando de Guillier: "Creo que nosotros no podemos mantenernos indiferentes frente a un tema como ése".
"Ésta es una denuncia que se hace a partir de una investigación periodística de Ciper del año 2013. Tiene varios años de investigación y los sumarios se instruyeron después: el director del Hospital San José se mantuvo hasta el 1 de marzo del año 2014. Por lo tanto, creemos que, desde el punto de vista político, tampoco se tomaron las medidas que se pudieron haber tomado en ese minuto", dijo Órdenes.
Si bien el caso de la lista de espera es antiguo, las sanciones de la Controlaría, que llevan la firma de Bermúdez, tienen fecha del 4 de diciembre; es decir, de la semana recién pasada: es un documento nuevo y definitivo respecto de un caso ya conocido.
En tanto, a propósito del requerimiento de RN, Bermúdez recordó que su organismo no tiene poder jerárquico sobre el Poder Ejecutivo: a lo más puede emitir dictámenes obligatorios para los funcionarios, pero se fiscaliza la administración del Estado y no las decisiones de la Presidenta de la República, como hacer inauguraciones y salir o no a a terreno.