Un proyecto de ley presentado por el diputado independiente Gaspar Rivas busca modificar la ley Protección de la Vida Privada, con el propósito de prohibir el uso de información de morosidad o protestos de personas naturales o jurídicas para realizar una evaluación de riesgo comercial.
El legislador explicó que actualmente personas que se atrasan en cumplir sus obligaciones financieras quedan archivadas en listas que las entidades comerciales guardan con el fin de compartirla con otras similares.
Con esto, las personas son sometidas no solo a una condición considerada como deudor para ese banco o financiera durante un período de tiempo determinado, sino que además, dicha caracterización le es informada en red a cualquier otra entidad financiera o comercial a la que dicha persona pudiese desear dirigirse.
El proyecto plantea prohibir estas conductas a las entidades comerciales y financieras del país, toda vez que su aplicación sólo conlleva un entorpecimiento de la labor de emprendimiento nacional, por lo que no se podrá utilizar para el propósito de evaluación de riesgo comercial la información de morosidad o protesto de personas naturales o jurídicas que se haya originado dentro de los 180 días anteriores a la fecha de ingreso de una solicitud de carácter económico, financiero, bancario o comercial.
Además se establece que ante la infracción a la norma, obligará al responsable de la base de datos a la eliminación inmediata de la información y dará lugar a la indemnización de los perjuicios causados.