Este miércoles, parlamentarios de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Los diputados y senadores manifestaron que la titular de Salud ha incurrido en "graves infracciones a la Constitución", además de una serie de incumplimientos en materia de infraestructura hospitalaria, leyes AUGE y Ricarte Soto.
Además, plantearon que Castillo no cumplió con responder un cuestionario entregado durante la interpelación realizada el 30 de septiembre pasado.
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Esta acusación es un proceso constitucional a través del cual los integrantes de ambas Cámaras pueden realizar un juicio político a una determinada autoridad.
Tras el ingreso de esta solicitud, la Cámara Baja debe elegir una comisión al azar de cinco diputados, dando un plazo de 10 días para formular descargos a la autoridad involucrada.
Después de evaluar la acusación, los diputados votarán para decidir su paso al Senado, donde se convocará a una sesión especial para votar cada uno de los capítulos de la propuesta.
A continuación, el Senado decidirá, como un jurado, si el acusado es culpable o no, decisión que debe ser tomada por la mayoría de la Sala.
En el caso de ser encontrada culpable, Castillo será destituida y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.
Dos ministros han sido destituidos en los últimos años a través de este método: Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013.