La Sala del Senado votará este miércoles el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que cumplen ciertos criterios como padecer una enfermedad terminal, un menoscabo físico grave o que hayan cumplido una determinada edad (70 años en hombres y 65 en mujeres).
Las personas eventualmente beneficiadas con esta iniciativa podrían cumplir sus respectivas condenas en sus domicilios.
El Senado, que votará mañana el proyecto sin debate ni fundamentación del voto, está en primer trámite legislativo y los parlamentarios deberán definir si aprueban su idea de legislar, para lo que hay pocas chances.
Por tratarse de una ley orgánica constitucional, la iniciativa necesita 26 votos favorables para su aprobación, pero la derecha sólo cuenta con 20.
El proyecto fue propuesto por parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos, Luciano Cruz-Coke de Evópoli; Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Francisco Chahuán de Renovación Nacional y Enrique van Rysselberghe de la UDI.
En la antesala, el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que "técnicamente es deficiente: en primer lugar, porque infringe flagrantemente las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo".
"La obligación de sancionar de manera proporcional y adecuada a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos se extiende desde la fase de aplicación de la sanción hasta el cumplimiento de la misma, constituyendo impunidad no sólo la ausencia de la sanción, sino que la inefectividad de la misma", aseveró el secretario de Estado.
RN: NO PERSIGUE LA IMPUNIDAD
El presidente Comisión de Derechos Humanos (DD.HH) en el Senado, Francisco Chahuán (RN), aseguró que condena "todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos. No puede haber justificación alguna, pero creo efectivamente que hay que establecer un estándar en materia de derechos humanos. Eso implica que aquellas personas que han sido condenadas y que tengan enfermedades graves e incurables tengan el derecho a pedir ante un juez, y el juez podrá concederle o no".
"Jamás se ha intentado establecer ninguna impunidad", expresó el parlamentario.
"Son numerosos los países democráticos que han legislado en función de estos principios, los que emanan de la de la doctrina internacional en materia de DD.HH, desarrollando normativas específicas para grupos vulnerables como las personas mayores, los enfermos terminales o los que sufren una dependencia severa cuando cumplen penas privativas de libertad", sostuvo Chahuán.
"Este proyecto en ningún caso persigue la impunidad de los condenados, sino que se trata de una alternativa diferente al cumplimiento efectivo de sus respectivas sentencias privadas de libertad en un recinto penitenciario", complementó Chahuán, quien agregó que "con ello también se salvaguarda el principio de no repetición".
El senador también comentó que el proyecto va en línea con los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile en materia de DD.HH, que no infringe dichas normas y que se adhiere a la Convención Interamericana para las personas mayores.
No obstante, según cifras entregadas por senadores de centroizquierda, al menos 66 personas que están cumpliendo condena por el delito de violación de menores de 14 años, 139 por homicidio, 137 por abuso sexual a menores, 145 por secuestro, 76 por tráfico de drogas y 28 por torturas o tormentos podrían ser beneficiados por la norma en caso de ser aprobadas.
RECHAZO DE LA CENTROIZQUIERDA
Previo al inicio de la sesión de hoy, un grupo de senadores oficialistas y de la Democracia Cristiana, acompañados por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, rechazó de antemano la propuesta.
"Para nosotros es terrible este tipo de proyectos, ya que nos revictimizan. Yo quiero preguntarle a la derecha, ¿Qué tipos de personas o de criminales van a salir a las calles?", expresó la senadora Fabiola Campillai (Independiente), cegada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un carabinero durante el estallido social.
La parlamentaria recalcó que "fui víctima de violaciones a los derechos humanos, por lo cual (la propuesta) también da beneficios a la persona que me dejó ciega, y que casi me mató. Así que lamentablemente estamos aquí por este proyecto, porque nunca se debió haber visto. Debe empolvarse guardado, porque no debiera estar en este Parlamento".
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que "tenemos que hacer un frente común, legislativo y social para frenar estos retrocesos porque claramente esas agendas están ahí y esta es una demanda antigua de la derecha, que van a seguir intentando porque tienen lealtades con los criminales de lesa humanidad".
El senador Jaime Quintana (Ind-PPD) enfatizó que "algunos que señalan que están por penas más duras en materia de seguridad, lo que están haciendo bajo esta misma propuesta es permitir la salida en libertad de abusadores sexuales y narcotraficantes, además de los violadores a los derechos humanos".
"Me da bastante dolor y vergüenza lo que está pasando", complementó su par socialista Isabel Allende: "Vergüenza porque acudamos a cualquier expediente para intentar (aprobarlo), porque no tienen los votos. Digamos la verdad: no les importa el contenido".
Este tema no es nuevo en la derecha, ya que en durante el último proceso constitucional Chile Vamos y Republicanos presentaron una iniciativa similar que, si bien después fue modificada, en principio apuntaba en la misma dirección de entregar beneficios carcelarios al señalado segmento.
El Comité de Renovación Nacional en la Sala pidió hacer un nuevo primer informe, es decir, que la iniciativa volviera a la Comisión de DD.HH para poder incluir indicaciones que fueron rechazadas por los senadores durante la votación de la idea de legislar.
Tras lo anterior, el senador Fidel Espinoza (PS) cuestionó a Chahuán por dicha acción y le dijo "eres un cara dura".
