Tras la realización de una sesión especial, el Senado ratificó este miércoles a los tres nombres propuestos por el Presidente Gabriel Boric para integrar los cargos vacantes en la Corte Suprema.
Se trata de Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, quienes fueron propuestas como ministras del máximo tribunal, y de Jorge Pizarro Astudillo, nominado como fiscal judicial del órgano.
El nuevo fiscal judicial, Jorge Pizarro Astudillo, obtuvo 44 votos a favor y uno en contra; mientras que la magistrada Jessica González Troncoso, quien investigó el conocido "caso Karadima", obtuvo 42 votos a favor.
En tanto, la magistrada Mireya López Miranda, conocida por indagar el caso de los falsos exonerados políticos, obtuvo 41 votos a favor y tres en contra (de senadores del Partido Comunista, quienes cuestionaron su criterio y tendencias durante su trayectoria en la Corte de Apelaciones, sobre todo por la aplicación de la medida de prescripción en distintos fallos).
El senador comunista Daniel Núñez explicó su voto en contra: "Ella (López) aplicó, como jueza de la Corte de Apelaciones, el criterio de la media prescripción. Eso significa que se rebaja a la mitad la condena y eso, de haberse mantenido a firme, hubiese implicado que incluso, en algunos casos, pudieron algunos de los involucrados tener libertad. Por suerte eso no ocurrió, estos fallos de la ministra López generan un precedente que es muy negativo en la defensa de los derechos humanos, y por eso es que hemos votado en contra de esta nominación".
La votación se da en medio de la crisis que atraviesa el Poder Judicial, que tiene a una de las integrantes de la CS, Ángela Vivanco, enfrentando un cuaderno de remoción por su presunto vínculo en el "caso audios"; y a tres de sus ministros (Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz, y Vivanco) con acusaciones constitucionales en su contra.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se trasladó este miércoles al Congreso para solicitar los votos de los senadores, hizo un llamado para que se diera una señal de normalidad respecto al sistema de nombramientos en el máximo tribunal.
"Tenemos 12 abogados integrantes, (por lo que) no proveer las vacantes pendientes es dejar el sistema de funcionamiento judicial al mecanismo de abogados integrantes que, ninguno de los que está en esta Sala, considera que es lo razonable en un mecanismo normal", explicó el titular de Justicia.
"No es posible desconocer la crisis que está enfrentando la Corte, pero también es inevitable presentar la necesidad que, simbólicamente, también a través de estas nominaciones, el Senado reafirma el compromiso que tiene con la normalidad institucional, al igual que el Ejecutivo", agregó el secretario de Estado.
En esa línea, puntualizó que "necesitamos garantizar la continuidad del sistema de justicia, porque al final del día los que terminan perjudicados son las personas que requieren el funcionamiento del mismo".
El ministro también respondió si estos nombramientos fueran de la mano con otros pendientes: "Cada nominación es evaluada en su mérito, es incorrecto compensar unas instituciones por otras, entre otras cosas, porque distorsiona el sistema institucional. Además, en esta nominación en particular, el contralor o contralora es el que va a llevar a la Contraloría el centenario. Hay cosas demasiado importantes en la Contraloría para creer en una simplificación tan básica como esa", precisó.
Cordero también adelantó que, debido al fuerte cuestionamiento a los nombramientos y ascensos en el Poder Judicial, el Gobierno presentará una propuesta de reforma constitucional para modificar dicho sistema, entre cuyos objetivos se encuentra la eliminación de la figura de abogados integrantes, y mantener un alto estándar en la elección de miembros del máximo tribunal.
"Buena oportunidad para hacer cambios"
El senador Iván Moreira (UDI), quien participó de la votación en la Cámara Alta, manifestó que "todos, en más de una oportunidad, a través de distintas personas hemos comprometido apoyos. No hay nada ilegal, pero sí que no ha sido conveniente, porque este sistema -a mi juicio- está politizado".
"Yo estoy dando cumplimiento a un acuerdo político, todos lo hemos legitimado, y esta es una buena oportunidad para hacer los cambios necesarios en la nominación de los ministros de la Suprema. No puede ser a quién le toca cuando hay un nombramiento, a este o al otro", complementó el legislador gremialista.
En ese sentido, el ministro Cordero aclaró que no existe relación entre el acuerdo que se concretó hoy en el Senado con el nombramiento pendiente de la titularidad de la Contraloría General de la República, puesto que -según explicó- los nombramientos de cada organismo estatal se ven por separados.
Preocupación por facultad del Senado
En la Cámara Alta existe cierta preocupación respecto a si se va a mantener o no su atribución de participar en el sistema de votación de los miembros del PD.
En ese sentido, el senador Alfonso de Urresti (PS) defendió el rol del Senado en el sistema de nombramientos del Poder Judicial: "Este es un sistema de un alto escrutinio respecto de los candidatos y candidatas: carrera funcionaria, evaluación del PJ con la Corte Suprema para hacer la quina, evaluación del Poder Ejecutivo para priorizar un candidato, y escrutinio de los 50 senadores que representamos distintas visiones políticas y que podemos votar de acuerdo a la información que tenemos".
"Sobre las reformas que puedan venir, no podemos renunciar a la facultad de escrutar como expresión de la voluntad soberana, popular, de poder incidir en eso", añadió.
