El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió este viernes un oficio a 349 organismos del Estado con "recomendaciones respecto de cómo deben gestionar, respaldar y conservar la información relacionada con su gestión" en miras al cambio de mando del 11 de marzo.
Según explicó el Consejo en su página web, en el escrito se detallan las obligaciones de "transparencia activa" de las instituciones y, "en relación a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios", se enfatiza que hay que "conservar los registros de dichas comunicaciones y guardar respaldo institucional", para así dejar constancia de la transmisión, recepción y contenido de los correos utilizados en el desempeño de la función pública.
El documento también puntualiza que debe "mantenerse, en original o copia, necesariamente en los archivos de la Administración del Estado", la correspondencia de la Presidenta de la República, por cuanto se trata de información "a la cual puede acceder cualquier persona en ejercicio del derecho de acceso a la información", salvo que exista alguna causal de reserva.
"Transición transparente y ordenada"
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, explicó que "estas recomendaciones no sólo pretenden garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, sino que también buscan facilitar la transición entre las autoridades entrantes y salientes", para que se efectúe "de manera completamente transparente, ordenada y completa".
Drago agregó que el oficio también incluye recomendaciones ligadas con la protección de datos personales, declaraciones de intereses y patrimonio y lobby. Así, se recuerda que las autoridades salientes deberán entregar al nuevo Gobierno un "registro de audiencias, donativos, viajes efectuados y reuniones que al 11 de marzo del próximo año sigan pendientes".
En cuanto a declaraciones de patrimonio e intereses, los funcionarios entrantes y salientes que, por su cargo están obligados a cumplir con la Ley de Probidad, deben elaborar su declaración dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones o dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo.
El antecedente 2014
El diario La Segunda recuerda esta tarde, en este contexto, que el de los mails es "un tema sensible, ya que originó una pequeña polémica en el traspaso de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet en 2014", cuando "un decreto de febrero de ese año permitió borrar los correos electrónicos a diversos funcionarios públicos".
"Todos los correos que eran relevantes y pertinentes fueron entregados", se defendió en la época el entonces Presidente saliente Piñera.