Ello implicaría "volver al sistema donde primaba la carrera olímpica" de las cuotas anuales, afirmó el subsecretario Raúl Súnico.
Aclaró que el Ejecutivo tiene, de todos modos, una mirada crítica de la "Ley Longueira" y busca perfeccionarla.
Súnico indicó que la FAO comenzará en julio a trabajar para sugerir mejoras a la legislación chilena.
El Gobierno cerró la puerta a una eventual derogación de la Ley de Pesca aprobada por el Congreso en diciembre de 2012, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, cuya legitimidad ha sido puesta en entredicho debido a la investigación de eventuales sobornos a parlamentarios por parte de la empresa Corpesca.
Según se conoció en las últimas semanas, el senador UDI Jaime Orpis recibió al menos 50 millones de pesos de forma irregular de la empresa del grupo Angelini entre los años 2010 y 2013, periodo que coincide con la tramitación de la también llamada "Ley Longueira", en alusión al ministro de Economía de la época. Este antecedente se suma a la investigación conocida desde hace dos años sobre la ex diputada independiente Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos de la misma compañía.
El eventual delito de cohecho de parte de estos legisladores ha multiplicado las voces que, desde el mundo político y social, exigen la derogación o la anulación de la normativa.
"Tenemos la convicción de que la ley tiene un conjunto de imperfecciones y por ello hemos enviado proyectos al Congreso. Tenemos una evaluación crítica de la legislación pesquera, lo que no quiere decir que estemos planteando la derogación, porque al derogarla volvemos a un sistema de administración donde primaba la carrera olímpica" por las cuotas anuales, dijo el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, subrayando que ése es un escenario que el Gobierno espera "que no se vuelva a repetir".
En declaraciones al diario El Mercurio, la autoridad recordó que en su discurso del 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet confirmó un proceso de evaluación de la Ley de Pesca "encabezado por la FAO, un organismo de Naciones Unidas, junto con otros expertos y participación social"; anuncio que había realizado en su cuenta pública de año 2014.
Súnico explicó que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) comenzará a trabajar en julio, durante un periodo de ocho meses, para revisar la actual Ley de Pesca, que reconoce derechos históricos de extracción, y proponer mejoras.
"El informe final puede dar origen a la presentación de iniciativas legales o administrativas que apunten a mejorar nuestra legislación en materia de conservación y recuperación de los recursos del mar", dijo al matutino.
El subsecretario indicó además que desde el Ejecutivo son "partidarios de sostener los criterios científicos para asignación de cuotas de pesqueras y fortalecer el sistema de investigación científica nacional en materia de océanos y pesca (...) Tenemos la firme convicción de que es un buen mecanismo. Siempre se puede perfeccionar, pero lo consideramos adecuado y se atiene a las legislaciones pesqueras más modernas del mundo".
Las licencias pesqueras "se definerion criterios y siempre se pueden revisar para que sean adecuados a la administración pesquera nacional, pero todos los temas que van a ser evaluados tienen que ser sometidos a análisis jurídicos y económicos respectivos", comentó.
