Luego de que el Gobierno anunciara que se revocarán 27 pensiones de gracia, entre ellas muchas entregadas en el marco del estallido social, desde la oposición consideraron insuficiente la medida y piden que el Ejecutivo cancele el beneficio a todas las personas que cuentan con antecedentes penales, además de refundar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
"Se deben revocar todas las pensiones de gracia entregadas a personas con antecedentes penales, que son 69 casos, sin distinción alguna. Por supuesto, con el derecho que les asiste a las víctimas", afirmó el diputado y presidente de la Comisión Investigadora del caso, Henry Leal (UDI).
"Si alguno de ellos fue víctima de agentes del Estado y vio vulnerado sus derechos fundamentales, tienen todo el derecho de ir a la Justicia, obtener una sentencia y pedir una indemnización de perjuicio, como lo hacen todos los chilenos", agregó el parlamentario gremialista.
"Por lo tanto, nosotros creemos que la vía de las pensiones de gracia a personas condenadas no es el camino y deben ser revocadas. Nos parece absolutamente insuficiente", complementó.
El anuncio del Gobierno fue informado durante la jornada del lunes por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reveló que, tras el análisis de los 69 casos, se decidió anular 21 beneficios entregados durante la actual administración y seis entregadas en el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).
En conversación con TVN, la ministra Tohá detalló que "una persona que tiene antecedentes penales porque cometió un delito, fue condenado, pagó y cumplió su condena, y después en una manifestación pública, por un procedimiento errado pierde un ojo, esa persona tiene derecho a que el Estado lo compense".
"En estos casos en que hay un tipo de daño de esa cuantía, vamos a mantener las pensiones. Pero en el caso en que el daño no es de esa cuantía, y hay un historial de antecedentes penales, nosotros decimos esta persona no califica para obtener pensión de gracia", informó Tohá.
REFUNDAR EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH)
La ministra Tohá también dijo que en Chile el proceso de entrega de pensiones de gracia no cuenta con una regulación adecuada, ya que dicho beneficio se ha otorgado sin atención a los antecedentes penales.
En esa línea, la polémica estalló debido a que es el INDH el encargado de acreditar la calidad de víctima de violación a los DDHH y menoscabo laboral. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó falencias en la selección y en la entrega de dichos beneficios a personas afectadas durante el contexto del estallido social.
Ante ello el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, planteó que "yo creo que hoy día el Gobierno tiene que estudiar profundamente otra situación que es repensar el INDH. El INDH ya no da garantías de defensa de derechos humanos a todos los chilenos, sino que, lamentablemente, en este caso se preocupó de defender los derechos a gente que no se les había vulnerado".
"En marzo, cuando volvamos a la actividad legislativa, vamos a reestudiar y pensar en una ley para refundar el INDH", añadió el parlamentario.
Todavía no hay fecha exacta para concretar la revocación de las pensiones de gracia. En esa línea, la ministra Tohá dijo que los decretos ya fueron enviados a Contraloría para revocar los 27 beneficios, además de que se revisarán todas las pensiones existentes, es decir, 18 mil en total.
