La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), aclaró este viernes algunas preocupaciones que han surgido a raíz del anuncio de "plan de regularización acotada" que evalúa el Ejecutivo, que consideraría a aquellos migrantes que acudieron de manera voluntaria al proceso empadronamiento.
La vocera de Gobierno explicó a Radio Sonar que "el empadronamiento no es un proceso de regulación. El proceso de empadronamiento, el control biométrico para identificar a los migrantes, se inició en junio de 2023 y terminó en febrero de este año. Y eso arrojó esta cifra de los 182 mil empadronados (no regularizados), que ya están identificados con control biométrico".
"Desde ahí se iba a evaluar, desde ese universo, si es que ameritaba una regularización acotada, no (del total). Y ahí está lo del arraigo laboral y familiar, que son criterios que se van a ir discutiendo, pero no está sobre la mesa regularizar esas 180 mil personas", aclaró la secretaria de Estado.
Vallejo también aclaró que una eventual implementación de la medida "no garantiza" un "efecto llamada" por partes de los migrantes, puesto que "los que han tenido antecedentes penales, condenas o una situación delictual, no tienen ninguna posibilidad de regularización".
"El empadronamiento ha sido clave, y eso nos ha permitido para las labores de seguridad una gran herramienta, tener la identidad, nombres y la situación de aquellas personas de las cuales antes no se sabía nada", aseveró al respecto.
Finalmente, la ministra señaló que todos los avances en materia migratoria "no se pueden ver de manera aislada, sino que son aportes a un proceso de orden en el tema migratorio para la seguridad, pero también para poder saber identificar en qué está cada migrante en nuestro país".
"La crisis migratoria es una herencia de administraciones anteriores", advierte el ministro Elizalde
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que "si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo en el Gobierno anterior, cuando el Presidente Piñera fue a Cúcuta y cuando se produjo la mayor regularización de inmigrantes de nuestra historia. Eso aconteció en el Gobierno anterior".
"Cuando hablamos de la crisis migratoria, esta no es una crisis que se haya provocado por el actual Gobierno; más bien, es una herencia de administraciones anteriores. Me llama la atención que se pretenda impugnar una medida cuyos contenidos desconocen; o sea, cuál es el fundamento jurídico. Yo entiendo que cuando uno es responsable en la vida, lo que hace es primero informarse de los detalles y después tomar decisiones, pero parece que hay quienes lo hacen al revés", agregó.
Asimismo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que "es importante que podamos dar una señal de que somos un país ordenado (en materia de migración), y para eso una regularización acotada es fundamental".
"Esto se dio primero a través de un proceso de empadronamiento, que permitió determinar con certeza quiénes estaban en el país y quiénes estaban con disposición de trabajar para el Estado, haciendo una distinción entre los migrantes que quieren trabajar y aquellos que se desmarcan de eso. Yo creo que con esto el Gobierno ha sido imprudente", agregó.
"Será un 'harakiri' migratorio", alertan desde el Socialismo Democrático
Pese a las explicaciones de las autoridades, desde el Socialismo Democrático, que es parte de la Alianza de Gobierno, han mostrado sus dudas respecto de la bullada propuesta y solicitan reconsiderarla.
"El Gobierno tiene que reconsiderar este anuncio de una regularización acotada a 185 mil personas que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Cuando se discutió el control biométrico, nunca se dijo que se iba a utilizar como un insumo para una regularización", cuestionó el diputado Jaime Araya (Ind-PPD).
Según el parlamentario, "en la discusión legislativa nunca se habló de esta materia, y cada vez que preguntamos respecto de cualquier acción que se estaba haciendo, si iba a haber regularización, se nos dijo que no".
"Por lo tanto, yo solicito que esta medida sea reconsiderada y sea dejada sin efecto, porque esto va a ser un 'harakiri' migratorio y vamos a generar una nueva crisis y ola migratoria, con las consecuencias que ya sabemos tan nefastas para el norte del país", puntualizó.
UDI arremete contra la propuesta del Gobierno
Desde la derecha se espera un rechazo transversal a un posible avance de la medida, y para marcar cierta presión, este viernes la UDI ingresó un "téngase presente" ante el Tribunal Constitucional, con el fin de poder impugnar un proceso de regularización bajo el método que opte el ejecutivo.
"Lo que estamos viendo por primera vez es una regularización masiva de migrantes que ingresaron en forma irregular o ilegal al país. Obviamente es un hecho grave, que es completamente distinto a lo que ocurrió en otros gobiernos, donde eran personas que habían ingresado al país en forma regular", advirtió el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
El militante gremialista señaló que "la única forma que nosotros tenemos de poder evitar esto es que todo este tipo de normas pasen necesariamente por la aprobación del Congreso Nacional. Y eso es lo que hemos venido a hacer presente hoy al Tribunal Constitucional, para que cualquier tipo de perdonazo tenga la obligación de pasar siempre por el Congreso Nacional".
