Este lunes el Mandatario promulgó la normativa que institucionaliza el programa de protección de los más pobres de su Gobierno, vigente hace dos años.
Satisfecho de poder garantizar más allá de su Gobierno el programa Chile Solidario, dedicado a la protección de las personas de más escasos recursos del país, se manifestó el Presidente Ricardo Lagos, que este lunes promulgó el proyecto que convierte la iniciativa en ley de la República.
El programa Chile Solidario, vigente desde hace dos años a través del Ministerio de Planificación (Mideplan), busca erradicar de la extrema pobreza a las 225 mil familias en condición de indigencia, a través de prestaciones tales como apoyo sicosocial, pensiones asistenciales y acceso a subsidios para el pago de consumo de agua potable, alcantarillado, de aguas servidas y retención escolar.
"Con esta ley establecemos la institucionalidad necesaria para que la protección social a las familias de Chile no termine con este gobierno, sino que esta sea una tarea de país para los años futuros, siempre. Ese es el sentido de la ley", señaló.
Lagos destacó que "no se gobierna pensando en seis años, se gobierna pensando en el largo plazo, pensando en el Chile del futuro".
En el mismo sentido se refirió a la necesidad de que la reforma a la salud sea aprobada antes del fin de su Gobierno.
"A ratos, cuando veo que dicen y dicen 'gran preocupación porque a lo mejor no sale el proyecto AUGE antes del 21 de mayo'. Oiga, estamos haciendo una reforma de salud para los próximos 50 años. De eso se trata y no estamos preocupados de lo que ocurra de aquí al 21", aseveró.
La ley, que fue promulgada en una ceremonia en la Estación Mapocho, permitirá que las familias y personas más pobres del país, una vez que manifiesten expresamente su voluntad y cumplan una serie de exigencias mediante la suscripción de un documento de compromiso, tendrán derecho a recibir una serie de beneficios, entre ellos un bono de protección.
Los montos mensuales del beneficio serán de 10.500 pesos durante los primeros seis meses, para ir decreciendo gradualmente cada seis meses durante un periodo de dos años.
Al término de este plazo, los beneficiarios recibirán un bono de egreso, que tendrá una duración de tres años y cuyo monto será equivalente al valor vigente del subsidio familiar establecido en la ley.
El ministro de Planificación, Andrés Palma, destacó que "lo más importante es que ahora con la ley se acaba la lista de espera para todas las personas que tienen derecho a pensión asistencial, subsidio único familiar, subsidio de agua potable y no los están recibiendo hoy día", ya que el número fijo de beneficiados que vigente hasta ahora en el programa será ampliado hasta la cifra "que sea necesaria".
