Javiera Olivares defendió el "legítimo derecho" de Bachelet de querellarse contra cuatro reporteros de Qué Pasa.
Copesa afirmó que la acción pide tres años de cárcel contra los profesionales y provoca "amedrentamiento" de la prensa.
El gremio no exhibe una postura unitaria frente a la polémica.
La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, negó que la querella presentada por la "ciudadana" Michelle Bachelet contra cuatro profesionales del equipo de la revista Qué Pasa suponga una "coerción a libertad de expresión".
La acción judicial de la Mandataria ha abierto un intenso debate al interior del gremio y también en el ámbito político, donde las posturas no son unitarias.
El Colegio de Periodistas analizó el tema este miércoles por más de cuatro horas, luego de lo cual emitió una declaración en la que señaló que la querella "no es el mejor camino".
Sin embargo, Javiera Olivares aseguró luego que, en este caso, "no hay una coerción a la libertad de expresión", sino una "colisión de dos derechos".
"Aquí lo que hay es un legítimo derecho de alguien (de Bachelet) de poder llevar a la práctica su derecho a querellarse o a hacer alguna acción respecto de lo que esa persona considera injurioso. El problema es que esto se colisiona también, en este caso, con el interés público de una determinada información, porque estamos hablando de una ciudadana que tiene un alto cargo", analizó Olivares, militante comunista.
La Asociación Nacional de la Prensa se pronunció ayer también mediante una declaración pública en la que rechazó "categóricamente" la querella de Bachelet contra periodistas, advirtiendo que tiene "un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación", por lo que llamó públicamente a la Mandataria a que "desista" de ella.
Ricardo Hepp, presidente de la ANP, alertó "a la ciudadanía de los efectos que puede tener sobre la libertad de prensa la acción criminal interpuesta por la Presidenta", insistiendo en que "puede significar que se inhiba a los periodistas a seguir reporteando y publicando, porque podría interponerse cualquier querella" por casos similares.
En tanto, Abraham Santibáñez, presidente del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile, calificó como "un error" la decisión de Bachelet, que "no fortalece la libertad de expresión".
Ayer, en conversación con Cooperativa, el gerente general corporativo de Copesa, Álvaro Caviedes, dijo que la querella presentada por la Mandataria "tiene por objeto obtener la cárcel" de "cuatro periodistas", quienes arriesgan hasta tres años de prisión.
"Evidentemente que la Presidenta se siente injustamente aludida, se siente lesionada en su honra, no me cabe ninguna duda, pero eso no quiere decir que sea la vía (correcta) la presentación de una querella que no tiene ninguna justificación. El efecto real de la presentación de una querella es el amedrentamiento. Su querella exige que se imponga una pena de tres años de cárcel", remarcó Caviedes.
"Decisión personal"
La querella de Bachelet ha provocado también una serie de reacciones en el ámbito político, con una oleada de críticas de la oposición, pero también dentro de la propia Nueva Mayoría.
De todos modos, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado expresaron apoyo a la Mandataria.
"Respaldo a Michelle Bachelet, que ha entendido que su honra ha sido afectada. Yo creo que así ha sido producto de una operación política evidente y creo que lo que ha hecho es lo que corresponde: recurrir a la instancia institucional a la que recurre cualquier ciudadano cuando ve horadada su honra por la vía de lo que, ella entiende, es la comisión de un delito", dijo el diputado Osvaldo Andrade (PS).
"La Presidenta Michelle Bachelet entendió que ella se veía menoscabada en su honra producto de la información. Más allá de que el medio haya ofrecido disculpas en su oportunidad y se haya retractado de algunas de sus afirmaciones, creo que todo ciudadano tiene derecho a imponer una querella si lo estima pertinente, para eso está la juricidad. Esto no tiene que entenderse -porque no es así- como que se atenta contra la libertad de expresión", afirmó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber.
Consultado por los costos políticos que puede tener esta polémica, el ministro vocero, Marcelo Díaz, dejó entrever que se trató de una decisión personal de la Jefa de Estado.
"Es una decisión de la Presidenta de la República en su condición de ciudadana, que tiene que ver con la defensa de su honra, de su nombre. Por lo tanto, aquí el cálculo no es político, sino que tiene que ver con una convicción de que se ha afectado el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet", señaló Díaz.
