A un día de instalado el nuevo gobierno en La Moneda, la administración del Presidente José Antonio Kast comenzó a delinear las primeras medidas del denominado "gobierno de emergencia".
Entre ellas figura un decálogo con instrucciones para regular el uso de redes sociales por parte de autoridades y funcionarios públicos.
Según publicó La Tercera, el Ejecutivo fijó directrices sobre cómo deben relacionarse las autoridades con los usuarios en plataformas digitales, espacios donde suelen abundar críticas, emplazamientos y debates políticos.
El instructivo establece como primera medida la prohibición de realizar proselitismo político utilizando el cargo. "Está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista", señala el documento.
Asimismo, se instruye a los funcionarios a no utilizar cuentas institucionales para fines personales, precisando que los medios digitales del Estado deben emplearse únicamente para informar sobre las funciones propias de cada institución.
Otro de los puntos del decálogo establece que las cuentas oficiales no pueden bloquear usuarios por emitir opiniones o críticas. Según el texto, hacerlo vulneraría el derecho a la información y la participación ciudadana.
No obstante, el instructivo también aclara que las autoridades no están obligadas a responder comentarios insultantes. Incluso, dependiendo de la gravedad de las ofensas, se podrá recurrir a mecanismos legales si se configura algún delito o abuso.
El documento también limita la entrega de "primicias" en cuentas personales. En esa línea, establece que ministros y funcionarios no podrán divulgar información obtenida en su cargo antes de que sea publicada por los canales institucionales del servicio correspondiente.
Otro apartado busca evitar la personalización de actividades oficiales y advierte sobre el "abuso de imagen" de autoridades, especialmente en periodos electorales.
Además, se indica que los sitios web y redes institucionales no deben incluir enlaces a cuentas personales de autoridades, y que estas plataformas no pueden utilizarse para emitir opiniones ajenas a las funciones del organismo.
El manual también regula la moderación de comentarios, señalando que las restricciones no deben aplicarse de forma discriminatoria y reforzando el principio de prescindencia política, que prohíbe favorecer o perjudicar a partidos, tendencias o candidatos.
Finalmente, el instructivo establece que las autoridades no podrán realizar actividades políticas durante la jornada laboral. Esto implica que, incluso desde cuentas personales, solo podrán emitir opiniones políticas fuera del horario de trabajo y utilizando recursos propios.
