El jefe de gabinete afirmó que "no es defendible" que una persona lleve 15 meses en prisión preventiva.
Eso sí, remarcó que decisión del Gobierno no determina "nada que tenga que ver con su responsabilidad penal".
El ministro Mario Fernández confirmó que enviarán las modificaciones al proyecto con urgencia al Congreso.
El ministro del Interior, Mario Fernández, explicó por qué finalmente el Gobierno decidió involucrarse en el caso de los cuatro mapuche que, hasta el sábado, llevaban 116 días en huelga de hambre.
El Gobierno decidió esta semana solicitar levantar la prisión preventiva para modificarla por otra medida cautelar a la vez que anunció que pedirían recalificar el delito por Ley Antiterrorista en esta causa que, a hoy, mantiene sólo a un comunero en ayuno tras el anuncio de La Moneda.
Fernández, en diálogo con El Mercurio, explicó que el giro que dio la administración de Michelle Bachelet no es nuevo y que ya ha ocurrido "a todos los gobiernos". Se debe, añadió, al "deterioro de la salud de los huelguistas y su decisión de mantener el movimiento; el deber de la autoridad de velar por la vida de la gente, que es lo fundamenta"
"Cuando las personas en huelga de hambre -explicó- pasan a una fase de huelga seca, entran en un grado de vulnerabilidad de otro tipo y que termina muchas veces en fase irreversible. Asociado al examen jurídico más a fondo que hemos hecho para llegar a la fragilidad o precaridad jurídica que rodea a esta situación. Desde luego, una persona que está un año y tres meses en prisión preventiva es anómalo en el mundo civilizado de hoy. No es defendible".
La autoridad enfatizó que "esto tiene que ver con la salud de las personas afectadas, pero en ningún caso juzga o determina nada que tenga que ver con su responsabilidad penal o con los hechos mismos que corresponden al juez y al Ministerio Público".
Fernández reconoció que temían un desenlace fatal en este caso. El jefe de Gabinete sostuvo que "el Gobierno tiene el deber de cautelar el Estado de derecho y de garantizar la vida de la gente con los instrumentos del Estado de derecho. Es un dilema que todo Gobierno debe resolver; en un momento determinado tiene que optar".
Por ello, el ministro enfatizó que no se arrepiente de haber cambiado de rumbo en esta causa. "Quien cede en nombre de una causa justa no tiene por qué avergonzarse. Los gobiernos tienen que ser realistas frente a las situaciones que deben enfrentar. Nos debemos a las personas, cuatro en este caso, pero abarca a muchas más, a sus familias, sus comunidades".
"Chile es un Estado de Derecho, no hay duda, pero es un Estado de Derecho imperfecto porque hay ordenamientos que necesitan ser revisados".
"No son un peligro"
Fernández sostuvo que los comuneros no son, actualmente, un peligro para la sociedad debido a su estado de salud.
"Cuando el jueves en la mañana vemos entrar a los comuneros en silla de ruedas, no es una apreciación política sino médica; están los certificados médicos a la vista. ¿Podría pensarse que personas en esas condiciones son un peligro para la sociedad? ¿Mejor que estén en la cárcel que en un arresto domiciliario? Esa fue la apreciación, no el mérito de la participación que pudieran tener en el caso, el juicio sigue", explicó.
El titular de Interior confirmó que enviarán la modificación a la Ley Antiterrorista con urgencia.
El ministro apuntó que "reclasificar un delito consiste en situar la figura que ocurrió en su manifestación del Código Penal, es una medida jurídica ordenadora. Más de la mitad de la Ley Antiterrorista está destinada a normas procedimentales que son aplicables solo a los delitos que la ley considera. Todas esas normas irán al Código Procesal Penal".
"Estamos resolviendo el conflicto, sin duda alguna; el país es testigo", añadió al descartar que se traslade el peso del caso al Congreso.
