El Pleno de la Corte Suprema citó a una audiencia especial con el objetivo de analizar fórmulas para anular las condenas por terrorismo impuestas en 2003 a siete comuneros mapuche y una activista.
La medida, anunciada por el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, busca cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 condenó al Estado de Chile a "adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas".
Los mapuche afectados, en el marco de un conflicto por tierras, son los lonkos Aniceto Norín Catrimán, Pascual Pichún Paillalao (fallecido en 2013), el werkén Víctor Ancalaf LLaupe, los comuneros Florencio Marileo Saravia, Juan Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles.
La CorteIDH concluyó entonces que Chile, entre otras cosas, violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.
Según publica hoy La Tercera, el magistrado Cisternas explicó que en Chile no existe un mecanismo legal para dejar sin efecto una sentencia, razón por la cual la audiencia, convocada para el 22 de abril próximo, buscará la fórmula para cumplir ese punto del fallo del órgano judicial de la OEA, la que podría derivar en un auto acordado.
"Estamos buscando este camino para escuchar a los intervinientes y luego de eso tomar una decisión que sería, en ese sentido, inédita", mientras que ya se procedió "a la eliminación de las anotaciones registrales en el Registro Civil y también se ha analizado hacerlo con el registro que hay en el Poder Judicial", apuntó el vocero de la Suprema.
