Los imputados Alberto Curamil y Álvaro Millalén quedaron ayer en prisión preventiva.
Carbone sostuvo que la Fiscalía "está con muy poca información, es una acusación más política".
Tribunal decretó prisión preventiva por seis meses
Comunidades mapuche acusan persecución en contra de los dos comuneros que quedaron en prisión preventiva luego de que el miércoles fueran formalizado por el asalto a la Caja de Compensación Los Héroes de Galvarino, ocurrido el pasado 24 de abril.
Alberto Curamil y Álvaro Millalén fueron formalizados por los delitos de robo con retención de personas, homicidio frustrado y porte ilegal de armas y municiones, tras ser detenidos el pasado martes acusados de formar parte de la banda de cuaro asaltantes que irrumpieron en la caja de compensación donde incluso hubo toma de rehenes.
El werkén de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, sostuvo que esto responde a un "tema político", afirmando que están seguros de que ninguno de los acusados participaron del robo.
A juicio de Carbone, la Fiscalía "está con muy poca información, es una acusación más política que por los hechos que ocurrieron en Galvarino", insistiendo en que "no hay imágenes" ni "intervenciones telefónicas" de Curamil y Millalén que los vinculen.
El comunero mapuche agregó "nosotros el día de los hechos nos encontrábamos con Alberto Curamil y Alvaro Millalén en la ciudad de Victoria, entonces hoy nos vamos con el trabajo de buscar cámaras en el sector donde Alberto Curamil tuvo presencia donde pudo haberse visto".
"Nosotros vamos a demostrar la inocencia de nuestros hermanos. Estamos sumamente tranquilos, preocupados sí por la reacción que tiene el Gobierno, la forma de enfrentar las situaciones y creemos que esto está apuntando a un tema político en decir que 'hay mapuche buenos, mapuche malos y a los mapuches los vamos a criminalizar, estigmatizar y los vamos a meter en prisión'", remarcó.
Según el fiscal, Luis Torres, se encontró evidencia que sitúa a los detenidos en el lugar donde ocurrió el asalto.
En aquella ocasión fue recuperado el dinero sustraído, cercano a los 74 millones de pesos.
El Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para investigar, mientras abogados defensores insisten en recurrir a otras instancias ya que a su juicio no hay pruebas suficientes para imputar delito a los nuevos detenidos.
