El Tribunal de Garantía de Calama ordenó este miércoles la prisión preventiva para el único acusado por el triple homicidio que se registró el fin de semana, en el sector Ayllu de Solor en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.
De esta forma, el juez José Luis Ayala aceptó la solicitud de la Fiscalía, señalando en la audiencia que "hay necesidad de cautela de peligro para la seguridad de la sociedad, fundamentalmente por la gravedad de la pena asignada por ley al delito".
"Estamos en presencia de un robo calificado en el que hay homicidio. Por lo tanto la pena llega hasta el presidio perpetuo calificado", explicó el magistrado, quien agregó que se debe sumar "el carácter del delito, que no solo afecta al patrimonio sino que a la vida de las personas" y que la forma de "comisión es relevante".
"La Fiscalía ya ha anticipado la posible invocación de agravantes, dado que por las fotografías exhibidas, obviamente podrían concurrir otras circunstancias que agravarían la responsabilidad más que disminuirla", concluyó el juez Ayala.
El imputado fue detenido por Carabineros, por ser la última persona que fue vista con las tres víctimas: una familia compuesta por una pareja de adultos mayores y su hijo de 49 años.
Al ser detenido, el sujeto portaba algunas pertenencias de las víctimas, como sus documentos, teléfonos celulares y otros elementos.
Según lo señalado en la audiencia, el acusado trabajaba con la familia desde hace tres semanas y vivía en el domicilio, ya que el dueño le facilitó un dormitorio. El sujeto es de nacionalidad ecuatoriana y se constató que su situación migratoria es irregular.
En ella también se mencionó que los cuerpos tenían una data de 48 a 72 horas y que fueron vistos por última vez el día 26. Además, la Fiscalía dio cuenta de millonarios movimientos bancarios que realizó el sindicado como responsable.
Cabe destacar que por el crimen, el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, anunció que se querellará contra quienes resulten responsables. El juez dejó al municipio fuera como parte querellante sin poder intervenir en la causa, tras aceptar una petición de los defensores del acusado, quienes también solicitaron protección y resguardo para el imputado.
Los abogados del acusado indicaron que la Ley Orgánica de Municipalidades no otorga facultades a los alcaldes para presentar este tipo de acciones legales.
Se fijó un plazo para la investigación de 200 días, tiempo que el imputado pasará recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta.
