El secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismos de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, renunció a su cargo este sábado en medio de críticas por un polémico convenio firmado con una fundación liderada por Daniel Andrade, pareja de la diputada y expresidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.
A través de un comunicado de prensa, el Minvu lamentó "la situación de duda que se ha genero por un convenio en particular en la Región de Antofagasta, suscrito por Carlos Contreras para atender la línea de trabajo de campamentos".
Según consignó el Diario de Antofagasta, el exseremi habría firmado tres convenios por un total de 426 millones de pesos con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade. En tanto, la cifra representaría el 6% del presupuesto total asignado a la Seremi del Minvu.
Contreras explicó que "es usual y está normado que el Minvu firme convenios con organizaciones sin fines de lucro. Existen procedimientos de control para su implementación y tanto los suscritos por la fundación Democracia Viva como las otras nueve fundaciones que se encuentran trabajando se encuentran en el marco de la normativa vigente".
Sin embargo, ante las críticas que surgieron en su contra desde la oposición, el exseremi puso a disposición su cargo ante el ministro de la cartera, Carlos Montes, quien la aceptó "debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés".
En tal sentido, el Minvu informó la apertura de una investigación para "despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema".
"MALINTERPRETACIÓN Y MANIPULACIÓN"
En tanto, Contreras publicó en Twitter su carta de renuncia: "Lamento profundamente no haber dimensionado el alcance, el alto nivel de malinterpretación y manipulación con el que se ha usado la legitima incorporación al trabajo territorial de una organización sin fines de lucro, con la que no tengo vinculo cercano ni conflicto de interés alguno", dijo el ahora exseremi en la misiva dirigida a Montes.
El documento sostiene que "esta incorporación es parte de un proceso de diversificación de colaboradores para el trabajo territorial, llevado adelante ante la necesidad de implementar más de 70 convenios programados desde la administración anterior, que concentraban alrededor de 7900 millones de pesos mayoritariamente en cuatro organizaciones, lo cual a lo menos es cuestionable, hecho que viene a sumarse a una serie de irregularidades alojadas principalmente en SERVIU las cuales he detectado y relevado a través de auditorias e informes".
"La incorporación de colaboradores y redistribución de los convenios vino a modificar el listado presupuestado y programado en febrero de 2022 (antes de nuestra incorporación) y se realizó mediante los procedimientos y mecanismos de control imperantes en la gestión regional desde el 2019", agregó la carta.
Contreras añadió que, "a través de gestiones en conjunto con Servil, y con la aprobación del departamento de asentamientos precarios nacional, mantuvimos el despliegue territorial de las organizaciones primigenias y sumamos nuevas, llegando a un total de 10 entidades colaboradoras, logrando así distribuir las labores de manera eficiente, resguardando el buen uso de los recursos públicos".
"Al mismo tiempo, busqué mejorar los procedimientos regionales, poniendo requisitos y condiciones formalmente a las organizaciones y realizando una auditoria interna con el fin de robustecer los procedimientos del programa de campamentos en la región. Los convenios están avanzando y ya se han concretado productos derivados de estos, con un impacto positivo sobre los habitantes de asentamientos precarios en la región", aseveró.
"Reiterando mi alto compromiso y con el objetivo de evitar que este trabajo se distorsione maliciosamente para ser utilizado politicamente contra nuestro gobierno, pongo mi cargo a disposición", concluyó la carta.
