Héctor Barraza decidió dar a conocer los nombres de 56 participantes en la investigación contra "Los Gallegos", célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
La Corte de Apelaciones de Arica abrió de una investigación administrativa en contra de Héctor Barraza, juez que ordenó revelar los nombres de 56 testigos protegidos en un caso relacionado con la célula delictual Tren de Aragua.
La decisión fue adoptada luego de analizar los antecedentes recopilados por parte del ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado.
Claudia Arenas, presidenta de la corte ariqueña, dijo que "se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos".
El caso también está siendo investigado por el Ministerio Público y ha suscitado una serie de críticas desde el Ejecutivo.
Aunque la decisión de Barraza fue impugnada por la Corte de Apelaciones de Arica, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que "el Ejecutivo esta mañana, en ejercicio de la atribución que la Constitución le confiere al Presidente, ha comunicado a la Corte Suprema que, en ejercicio de velar por la conducta ministerial de los jueces, dispone de los antecedentes para que el Pleno de la Corte adopte las medidas que estime pertinentes".
En paralelo, parlamentarios oficialistas y opositores dijeron que analizan modificaciones legales para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse.
"Desde el Congreso muy pronto nos tocará votar una ley, que es la ley de reincidencia, que tiene un apartado respecto a la protección de fiscales y también de testigos, donde esperamos mejorar todos los vacíos legales para garantizar que quien participe de una investigación como testigo esté absolutamente protegido", dijo el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal.
"Hoy día la legislación se debe adecuar para que las identidades de todos los involucrados en estas causas de grave riesgo y contra el crimen organizado no puedan ser entregadas en ninguna de las etapas del proceso de investigación", coincidió el diputado Renzo Trisotti, de la UDI.
