La Corte de Apelaciones de Arica acogió la solicitud del Ministerio Público de esa región, y dictó una orden no innovar en cuanto a revelar las identidades de testigos protegidos en la causa "Los Gallegos", relacionada con la célula del Tren de Aragua.
Una vez publicado el controvertido fallo del juez Héctor Barraza, del Tribunal de Garantía de Arica, quien afirmó que los defensores tienen el derecho de saber quiénes acusan a los imputados, la Fiscalía ingresó un recurso de protección en favor de las 56 personas que testificaron.
No obstante esta definición, está pendiente que el tribunal de alzada se pronuncie mediante una sentencia sobre el requerimiento.
"Tenemos conformidad en torno a los argumentos que presentamos", destacó este jueves el fiscal regional, Mario Carrera, que en la víspera había advertido que la resolución iba "totalmente en contra de la protección que debemos dar".
Por otro lado, reveló que "se alcanzaron a retirar algunos sobres ayer (...) están en poder de la Defensoría Penal Pública, que debería hacer devolución de los mismos en las próximas horas, esperamos que de manera voluntaria".
"De lo contrario -añadió-, tendríamos que recurrir para que, con las reglas del derecho, estos sobres vuelvan al poder del tribunal, donde deberían mantenerse custodiados".
MINISTRO DE JUSTICIA EXPRESÓ SU INQUIETUD
Desde el Gobierno, que además de solicitar la nulidad del fallo presentó su propio recurso de protección, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que "lo sucedido con la revelación de información de testigos protegidos y de agentes que tienen esa condición es extremadamente grave".
"Además, se da en un contexto donde el fiscal que estaba a cargo de la causa tenía protección, y estaba autorizado a comparecer telemáticamente precisamente por la naturaleza de la investigación", acotó.
Cordero enfatizó que "esta no es una investigación cualquiera: es una investigación de crimen organizado, que es extremadamente compleja, donde son muy relevantes los testimonios y la intervención de la policía en su interior, y lamentablemente, la decisión del juez se dio en un contexto donde había ciertos acuerdos previos por parte del propio comité de jueces, y de la forma y modo en que había estado compareciendo el Ministerio Público".
Hace algunos meses se produjo una discusión similar en el caso en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, que la Corte Suprema zanjó a favor de la reserva de identidades de los cinco testigos protegidos, después de que la decisión de revelarlas también generara rechazo transversal.
En la misma línea de Cordero, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) del Ministerio Público, Francisco Bravo, enfatizó que la acción del juez Barraza "pone en riesgo no solamente a personas, entre ellas a personas civiles que pueden atestiguar frente a los tribunales para establecer la responsabilidad de esas personas en los conjuntos ilícitos que se les imputa", sino que además "pone en serio riesgo la suerte de la causa".
"Si nosotros (los fiscales) no somos capaces de acreditar antes los tribunales -y una de las pruebas fundamentales son los testigos-, sencillamente lo que va a ocurrir es que estos casos van a quedar en la impunidad", señaló el persecutor.
SENADOR UDI CRITICA "DESCRITERIO" DEL JUEZ DE GARANTÍA
Antes de que la Corte de Arica frenara la ejecución del fallo, el senador por esa región José Miguel Durana (UDI) lo calificó como un "total descriterio".
"Estamos hablando de grupos delictuales en extremo peligrosos, que si llegan a conocer la identidad de quienes han colaborado y testificado en contra de ellos, probablemente los van a amedrentar y tomar represalias, echando por tierra, además, todo el trabajo y el esfuerzo de las policías y el Ministerio Público en este caso", puntualizó.
A la vez, como una serie de magistrados están con protección policial tras haber sufrido amenazas por participar en la causa, Durana observó una contradicción, pues "tenemos a un juez que de manera totalmente irresponsable pretende colocar en la boca del lobo a testigos protegidos".
