El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó este viernes los megaoperativos que se han realizado contra el Tren de Aragua en la región, asegurando que buscan "evitar una rearticulación" de sus brazos operativos, entre ellos Los Gallegos.
El último procedimiento se registró ayer en el Cerro Chuño, donde participaron más de 250 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y se registró el ingreso a 37 viviendas de material ligero del sector por delitos vinculados a tráfico de drogas, tráfico de migrantes, homicidios y otros.
Asimismo, el trabajo policial logró la detención de al menos cinco personas vinculadas a esta banda criminal.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el fiscal Carrera aseguró que con estos procedimientos "lo que queremos evitar es alguna rearticulación, y esto es por una razón muy sencilla: seguimos teniendo en la región todos los elementos que hicieron atractivos la zona geográfica para que estos sujetos se instalaran".
"Por lo tanto, es importante no perder el foco y tratar de evitar cualquier tipo de rearticulación, y efectivamente ahí es donde apuntábamos con este operativo de ayer", puntualizó el persecutor.
Pese a destacar el trabajo para detener a los miembros de Los Gallegos, advirtió que no se puede pensar que la banda ya está desarticulada por completo, dado que se podría "dar una ventaja que no queremos dar", sobre todo porque el grupo tiene como un atractivo "prestar apoyo a aquellos quienes están privados de libertad".
"Recordemos que nosotros en el 2022 pudimos -en dos de los operativos- incautar los libros de contabilidad de esta organización. En los libros de contabilidad, se dejaba constancia de remesas de dinero hacia el interior de la cárcel, precisamente para mantener a las personas que estaban en el interior", analizó Carrera en dialogo con Cooperativa.
"Eso fue lo que motivó en su oportunidad los traslados a distintas cárceles del país, por eso ellos se encuentran en seis penales desde Puerto Montt hasta Arica. (Por eso) vamos a seguir en la misma línea, no podemos dejar que ellos sigan trabajando el interior", añadió el fiscal.
COBRABAN POR EL SERVICIO DE LUZ
Por otra parte, Carrera confirmó que en esta toma del Cerro Chuño la banda criminal "cobraba" por el servicio eléctrico a sus habitantes.
"Esta toma tiene acceso a luz y agua de carácter gratuito por parte de las de las empresas mientras está en esa condición, pero lo que pudimos determinar es que estos sujetos estaban cobrando a la gente por ese suministro, a veces solo por una extensión de algún cable, todo de manera irregular", alertó el persecutor regional.
De todas maneras, destacó que dicho crimen demuestra que "hemos ido reduciendo su grado de participación en el mercado criminal al mínimo y tienen que buscar alguna manera de financiarse, porque los otros ilícitos que justifican su presencia acá -que son de bastante gravedad- no lo están efectuando ahora".
COMPETENCIA EN EL CASO CONSCRIPTO
Por otro lado, el persecutor se refirió a su solicitud de realizar una nueva autopsia al cuerpo de Franco Vargas, conscripto fallecido tras una instrucción militar en Putre, planteando que el procedimiento inicial se objeta por "el protocolo que se trabajó", es decir, "es una autopsia rigurosa, pero en el marco de un protocolo normal o común, y eso nos obliga a realizar una nueva pericia".
"Entendemos que es una diligencia que necesariamente tiene que darse por quien va a estar a cargo de manera definitiva de la investigación", agregó, aludiendo a la disputa de competencias en este caso, que debe zanjar la Corte Suprema.
Al respecto, el fiscal Carrera argumentó que "en principio, una razón meramente de texto nos llevaría a la conclusión de que esto debería llevarlo la justicia militar, pero acá ocurre otra cuestión: si un bien jurídico es de carácter militar -por ejemplo, secretos o seguridad nacional-, estos deben quedar bajo la justicia militar, pero si se trata de una violación o de lesiones, tiene que verse por la justicia civil".
