La Corte Suprema suspendió el juicio oral contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte de Chile, que había comenzado este lunes en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, y le ordenó a éste que realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de que el proceso se desarrolle de manera presencial.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones ariqueña había acogido un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública en favor de 19 de los 38 imputados, para que estos pudieran asistir corporalmente al TOP. Pero ante la preocupación por los traslados, dada la peligrosidad de los acusados y a que, por lo mismo, cumplen prisión preventiva en seis cárceles distintas -algunas a 3.000 kilómetros de distancia-, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado apelaron ante la Suprema.
En ese marco, el máximo tribunal del país había dictado una orden de no innovar, dejando congelada la presencialidad y permitiendo que el juicio iniciara este lunes de manera telemática, como pedía la Fiscalía.
Aquello, sin embargo, mientras resolvía el fondo del reclamo, lo que ocurrió también hoy, cuando la Suprema confirmó parcialmente -y en fallo dividido- la resolución de la Corte ariqueña sobre el recurso de amparo, por lo que suspendió el juicio y ordenó al TOP que reevalúe si es factible que éste se desarrolle presencialmente.
La Segunda Sala consideró que se vulneraron las garantías de los imputados al no entregarse a las defensas, en la audiencia original de factibilidad técnica, la información sobre los motivos para realizar el juicio de manera remota y sin la presencia de todos los imputados.
"La audiencia en comento fue celebrada sin que previamente el tribunal emplazara a los intervinientes de lo informado por Gendarmería, a través de oficio reservado, fundando tal proceder en que contiene 'información sensible', apartándose con ello a los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal", contexto en que el TOP resolvió en ese entonces desarrollar un juicio telemático, "en consideración de esa información, la que resulta hasta hoy desconocida para los intervinientes".
De esa manera, concluyó que "se ha incurrido en una ilegalidad que puede afectar el derecho a defensa de los amparados, y que justifica el ejercicio de las facultades conservadoras de esta Corte, por lo que se hará lugar al recuso, disponiendo las acciones que se estiman pertinentes e idóneas para reestablecer el imperio del derecho".
Igualmente la Suprema apuntó que "en la vista del recurso se hizo saber, además, que algunos de los amparados que se encuentran recluidos en el penal de Valparaíso, no han tenido comunicaciones con su defensa, por impedimentos de orden técnico que es preciso resolver".
Por ello, ordenó también que "Gendarmería deberá adoptar las medidas que resulten conducentes para asegurar la debida comunicación de los amparados que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Valparaíso, con sus abogados defensores".
La Fiscalía Regional de Arica lleva a juicio oral a 38 miembros de Los Gallegos -cuatro chilenos y el resto extranjeros, mayoritariamente venezolanos-, y solicita presidio perpetuo para 11 de ellos, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para el resto.
La acusación incluye 22 hechos delictivos, entre los que hay siete homicidios (seis calificados) registrados durante el 2022: en tres los criminales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
En la audiencia de hoy, la primera del juicio oral que quedó paralizado, la Fiscalía alcanzó a exponer ocho de las 22 acusaciones. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró la agilidad y el liderazgo con que el tribunal estaba llevando el proceso.
Posteriormente, interpretó que la decisión de la Suprema "ordena que los intervinientes tengan acceso a los documentos que emitió Gendarmería para justificar las medidas de seguridad que hacían necesario evitar el traslado".
"Esta audiencia debería realizarse próximamente, el tribunal oral tiene que llamar a ella y, mientras tanto, se paraliza el juicio. Como Ministerio Público, estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar las audiencias y presentar nuestras pruebas como lo hemos estado desde ya hace bastante tiempo, cuando presentamos la acusación", agregó.
FISCALÍA: PROCESO REMOTO ES EL "ESCENARIO MÁS ÓPTIMO"
Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía, apuntó en Lo que Queda del Día que "tenemos el convencimiento de que ha sido una investigación exitosa, muy profesional (...), tenemos un cúmulo de pruebas que son suficientes para demostrar la responsabilidad de estas personas, y lo que esperamos simplemente es que este juicio se desarrolle, además porque tiene una connotación histórica: es probablemente el primero en contra de una organización trasnacional" en el país.
En cuanto a la posibilidad de que el proceso completo sea presencial, admitió que "este juicio es extremadamente complejo, con sujetos que son altamente peligrosos, y por lo tanto, las medidas de protección y seguridad deben ser especialmente consideradas" en tal caso.
De todas maneras, el persecutor sostuvo que "no tengo ninguna duda de que se va a poder desarrollar este juicio en el escenario más óptimo, que a nuestro juicio, es uno donde (las audiencias) se puedan realizar telemáticamente respecto de los imputados que así corresponda".
A la vez, garantizó que en general, al enfrentar investigaciones como ésta u otras que atañen a organizaciones criminales, en el Ministerio Público "estamos confiados en que tenemos un trabajo serio de seguridad respecto de nuestros fiscales, y también de aquellos que van a intervenir en este juicio".
