El juez decidió priorizar el bienestar del bebé y aplicar además el enfoque de género.
El Tribunal de Garantía de Arica revocó la prisión preventiva de una madre indígena acusada de tráfico de ketamina, para lo cual argumentó que se priorizó el bienestar de su hijo lactante y aplicó el enfoque de género e interseccionalidad.
La imputada, detenida en Chacalluta con 2,5 kilos de ketamina adheridos a su cuerpo, enfrentaba precariedad económica y actuaba como jefa de hogar. Ahora deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, en un fallo que equilibró la protección social y los derechos fundamentales.
La defensora de la mujer, Sofía Makaus, destacó al medio El Morrocotudo que "la prisión no solo la castiga a ella, sino también a su hijo lactante, quien está privado de libertad en condiciones inadecuadas para su desarrollo".
La defensa utilizó la normativa internacional, como las Reglas de Bangkok y la Convención de Belem do Pará, para argumentar que las penas privativas de libertad afectan de manera desproporcionada a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
El magistrado Rodrigo Urrutia señaló que el contexto social y familiar de la imputada justificaba la "desescalada de la respuesta penal". Además, valoró un informe social que documentaba su historia de vida, origen indígena y los patrones de género que condicionaron sus acciones.
La facilitadora intercultural Inés Flores subrayó que "este fallo reconoce la doble discriminación que enfrentan las mujeres indígenas, por su género y origen, considerando sus contextos culturales en el proceso".
