Equipo llegó hasta Contraloría para pedir se investigue la reapertura de la mina.
Se hizo a nivel de seguridad "un trabajo de excelencia", dijo jurista Hernán Tuane.
Los abogados de la empresa minera San Esteban, responsable del yacimiento San José, donde están atrapados 33 mineros, creen que probablemente ésta se declarará en quiebra, porque no tiene cómo financiarse.
Hasta el edificio de calle Teatinos llegó el abogado Hernán Tuane, acompañado de su equipo jurídico, para pedirle a Contraloría que revise los procedimientos que determinaron la reapertura del yacimiento en mayo del 2008.
Fue en esa instancia cuando Tuane anunció que lo más probable es que la empresa se vaya a la quiebra porque no hay activos ni líquidos disponibles para pagar los requerimientos del rescate y las responsabilidades laborales.
"Por supuesto, hay riesgo de que haya quiebra. Nosotros tenemos un patrimonio positivo, lo que no tenemos es el flujo necesario para poder sustentar las obligaciones que vienen porque la mina está paralizada", dijo Tuane, quien dijo que pedirán ayuda a la Enami para responder por otros compromisos.
El jurista agregó que los sueldos está cancelados hasta el mes de agosto, pero de ahí para adelante la situación no es clara, y dijo que la situación de los mineros demostró que la seguridad en el yacimiento estaba funcionando.
"Si no hubiera habido seguridad, si no hubiera existido el refugio donde los 33 mineros están, estarían todos muertos", enfatizó Tuane. "El trabajo de seguridad que mis representados hicieron fue un trabajo de excelencia: la causa de este desastre no es la falta de seguridad en sí".
Por su parte, Segundo Gómez, hermano de Mario Gómez, jefe de turno y líder del grupo, exigió que se aplique todo el rigor de la ley tras el rescate, porque "esto es un dolor y una tristeza que no podemos dimensionar".
"Habrá que buscar los culpables, los responsables, que sea un castigo ejemplar para todas las empresas que funcionan en mal estado", sostuvo el familiar del minero, de la misma opinión del senador Jaime Orpis, porque "estamos frente a una negligencia" ya que hay responsabilidades tanto económicas y a su juicio también "criminal".
La empresa "va a tener que responder" ante sus trabajadores porque los "colocaron en riesgo", afirmó Orpis, presidente de la comisión de Minería de la Cámara Alta.
