El Ministerio Público se defendió de las críticas por su decisión de no llevar a ninguna persona a juicio por el desplome del yacimiento San José que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días, entre agosto y octubre de 2010.
Mario Sepúlveda, el más mediático de los 33 mineros rescatados, reconoció sentir rabia, frustración, e incluso haber llorado por esta decisión. Desde Copiapó el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, se hizo cargo de las críticas y de los cuestionamientos.
"Hay una opinión generalizada de lo que debiera hacerse, pero nosotros debemos actuar conforme al principio de legalidad, con objetividad, con seriedad, y creo que así lo hemos hecho", dijo Mella.
"Probablemente va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo en la decisión, pero se hizo todo lo que se podía hacer en una materia como ésta, en la que sabíamos que había mucha atención mediática y, por lo tanto, teníamos que recabar información", aseguró el persecutor.
"¿Qué más hubiéramos querido nosotros que tener todos los antecedentes y -si había elementos para ello- acusar, sabiendo la expectativa, la expectación, el interés de la ciudadanía, donde hay una opinión anticipada respecto de lo ocurrido", manifestó el fiscal.
Admitió que al cabo de la indagatoria, "sobre el elemento base; es decir, por qué se produce ese desplome de esa tremenda mole, certeza no tenemos".
"Información sesgada"
El ingeniero Miguel Fort, uno de los coordinadores del rescate, cree que en esta polémica decisión influyeron aspectos de tipo "político" que impidieron levantar toda la información requerida para enjuiciar a los culpables.
"No se terminó técnicamente bien la información, porque debiera haberse hecho un balance geomecánico interior, haber visto las condiciones finales", opinó.
Fort explicó que él personalmente quiso "ser parte integrante de los que bajaban a buscar a los mineros para aprovechar de hacer el balance final de qué pasó geomecánicamente adentro, con fotos y mediciones".
Sin embargo, "como se transformó en un problema más bien político que de técnica de rescate, no se hizo esa acta. Esa forma de ver las cosas es la que entrega los resultados lógicos que son viables. En este caso a la Fiscalía le llegó la información sesgada, no llegó total; por lo tanto, ellos obran en derecho", dijo el profesional, exculpando al Ministerio Público.
La arista civil
Tras la decisión de la Fiscalía nadie pasaraá un solo día en la cárcel por este caso, pese al compromiso del Presidente Piñera de que no iba a haber "impunidad".
No obstante, sigue abierta la arista civil de este caso: se trata de una demanda contra el Fisco de 31 de los 33 mineros, que asciende a 7.750 millones de pesos por "daño emergente y moral", y se prepara otra contra los dueños de la Minera San Esteban.
"Hay un camino bastante largo, hay un camino civil paralelo que son las acciones que han emprendido los 33 mineros, pero obviamente el hecho de que no haya una resolución judicial en materia penal que establezca responsabilidad de mis representados marca un hito de lo que se pueda decidir respecto a la responsabilidad civil", dijo la abogada Catherine Latroph, defensora de Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de la mina San José, a quienes califica como "víctimas" del episodio.
Los mineros fueron objeto de fama y homenajes oficiales. Hoy alegan denegación de justicia y piensan recurrir a organismos internacionales. "Están en su derecho", dice el Gobierno. (Foto: UPI)
Esta tesis -que el cierre sin acusados de la investigación penal podría marcar el destino de la demanda civil- es refutada por Renato Prenafeta, representante de los mineros.
"Eso no es efectivo. Puede existir responsabilidad civil y no responsabilidad penal, como ocurrió, por ejemplo, con el CASA 212 (el accidente aéreo de Juan Fernández), así que no siempre van juntas. Paralelamente, nosotros vamos a interponer acciones civiles contra los propietarios de la mina. Nos estamos preparando y yo creo que falta poco", dijo Prenafeta.
Harboe: Hay cero avance en seguridad
A casi tres años de producirse el accidente (5 de agosto de 2010) hay también otro debate en torno a las mejoras de la institucionalidad minera para prevenir la ocurrencia de accidentes en el sector.
En general el Presidente Piñera se comprometió a aumentar el número de fiscalizadores -cosa se hizo en comparación a los que había hasta entonces-; pero más importante que eso, anunció un fuerte cambio institucional, reemplazando el Sernageomín por una Superintendencia Minera, y anunciado la creación del Servicio Geológico de Chile para sustituir a la Subdirección Nacional de Geología.
Esto último estaba contenido en un proyecto de Ley Sobre Institucionalidad y Seguridad Minera que quedó en nada, porque fracasó estrepitosamente en el Congreso. El ex ministro Laurence Golborne, en Radio Universo, culpó de ello a la oposición.
Lo que "me indigna es que nosotros, un año después del accidente, después de trabajar muchísimo con las comisiones de seguridad, elaboramos un proyecto de ley que aumentaba las sanciones, establecía las penalidades, establecía la Superintendencia de Minería, daba mayores presupuestos y mejores recursos para esta Superintendencia para fiscalizar, el proyecto fue rechazado en el Congreso por la actual oposición", expresó Golborne.
El diputado PPD Felipe Harboe, miembro de la Comisión de Minería, recordó que el proyecto no distinguía entre la capacidad de las empresas grandes y de las chicas para cumplir las observaciones, y afirmó que al final al Gobierno le falló el cálculo con los diputados de la UDI.
"El proyecto, en general, era bastante bueno, y tenía ciertos elementos complejos. Fue el propio subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien nos manifestó que no había problema en abstenernos del proyecto. El problema que tuvo él es que no logró que sus parlamentarios, que la UDI, estuvieran en la Sala", según Harboe.
"Las promesas que se hicieron en su minuto, en el sentido de aumentar los fiscalizadores, etcétera, son completamente insuficientes: tenemos exactamente las mismas condiciones de precariedad desde el punto de vista normativo y de fiscalización que había antes del accidente de la Mina San José", dice Harboe.
El Gobierno se comprometió también a que Chile iba a ratificar el Convenio 176 de la OIT que dedica especial atención a la seguridad en la minería, y no se hizo.
Gobierno respeta acciones de la Fiscalía y de los mineros
Luis Urzúa, quien fuera jefe de turno al momento del accidente, ha afirmado que los 33 piensan recurrir a la Organización Internacional del Trabajo para denunciar esta denegación de justicia en Chile.
El actual ministro de Minería, Hernán De Solminihac, comentó este viernes en El Diario de Cooperativa que al Gobierno sólo le cabe "acoger y respetar los trabajos que hace cada poder (del Estado), pero obviamente es interesante ver la reacción de los mineros, de las distintas personas involucradas, respecto de este fallo" de la Fiscalía.
Los mineros "están en su derecho a hacer las acciones que ellos estimen convenientes. El resultado que tuvimos ayer es un juicio penal, todavía existen dos juicios civiles que están llevándose en la causa de nuestro país", recordó.
Como ministro "no puedo opinar por el trabajo que hace el fiscal. Me imagino que hizo todo el esfuerzo necesario para tener todos los antecedentes. No debería haber factores políticos para tomar una decisión tan importante como ésta", señaló el titular de Minería, subrayado que "el fiscal tiene que tener libertad para hacer su trabajo".
"Desde el Sernageomin, que tiene que entregar toda la información técnica, la información que me han dado es que se entregó toda la información que tenían disponible para que el fiscal hiciera su trabajo", afirmó el ex titular del MOP.
