Nueve funcionarios y extrabajadores del Gobierno Regional de Coquimbo, la Municipalidad de La Serena y la Seremi de Desarrollo Social, fueron sancionados tras conocerse el informe de la Contraloría Regional elaborado en el marco del "Papaya Gate".
Se trata de un documento de 322 hojas, que fue remitido a la Fiscalía de Valparaíso, y que establece, a casi dos años de iniciado el sumario administrativo ordenado por el organismo de control, la destitución de la exintendenta regional Lucía Pinto (UDI).
El informe fue ordenado en agosto de 2020 en el marco de las indagatorias por el supuesto fraude al Fisco en la compra y venta de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por más de 9.800 millones de pesos.
Pinto, quien renunció a la Intendencia el 26 de septiembre de 2020 "para dedicarse por completo a su defensa", recibió la medida disciplinaria de destitución, "por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa", dice el informe de Contraloría.
Sanción que, de ser ratificada por el Presidente Gabriel Boric, impediría a Lucía Pinto optar a algún cargo público por cinco años.
Misma sanción recibieron el exadministrador regional José Cáceres y el abogado Iván Espinosa, exjefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo.
El sumario administrativo en el GORE, y en los demás servicios pertinentes, también arrojó sanciones contra Rocío Ramírez, exjefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, con una multa de un 20 por ciento de la remuneración mensual, y Lorena Araya, exjefa de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, con un 10 por ciento de su remuneración.
En tanto, se le aplicará la suspensión del empleo por tres meses con goce del 50 por ciento de su remuneración a Sergio Rojas, actual secretario comunal de Planificación de la Municipalidad de La Serena.
El informe fue remitido a Claudia Perivancich, persecutora regional de Valparaíso, quien fue designada por el fiscal nacional Jorge Abbott, para ser sumado a la carpeta invetigativa.
"Hemos desarrollado múltiples diligencias, entre ellas, tal cual como se nos ha consultado, hemos tomado declaración en calidad de imputada a la ex intendenta y a otros funcionarios claves al interior del gobierno regional y en el esperamos mediano plazo vamos a adoptar decisiones en torno a encaminarnos hacia una imputación o una decisión distinta", comentó la persecutora.
REACCIONES DESDE EL CONGRESO
El senador Daniel Núñez (PC) indicó que "tienen responsabilidad directa en el fraude al fisco y lo que ahora corresponde es que de una vez por todas actúe la justicia, así que yo espero que la fiscal de la Quinta Región, Claudia Perivancich, se ponga las pilas con la investigación y pueda formalizar a los principales implicados, porque daña a la democracia que en un caso de corrupción tan emblemático todavía tengamos impunidad y no haya ningún procesado".
Daniel Manouchehri, diputado socialista, pidió que "que el Ministerio Público realice la formalización y que se puedan perseguir estos graves delitos que afectan al erario público, pero por sobre todo a la confianza de las personas en las instituciones públicas, porque este es el mayor caso de corrupción que hemos tenido en nuestra historia de la región y debe ser sancionado".
- Revisa el informe completo a continuación:
Contraloría Por Ex Intendenta de Coquimbo by Enrique Mursell on Scribd
