Casi cinco meses después de iniciar sus funciones, la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indagó la compraventa de terrenos en La Serena por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, llegó a su fin aprobando el informe de conclusiones.
En sus sesiones participaron seremis de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob; profesionales del Gobierno Regional, el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell; y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.
El diputado DC Matías Walker indicó que la instancia determinó responsabilidad política de la ex intendenta Lucía Pinto, el ex administrador del Gobierno Regional José Cáceres, y el ex director jurídico Eduardo Espinoza.
"¿Por qué? Porque no se hizo licitación pública en la compra de los terrenos, se privilegió el trato directo, se burló el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se pagó un precio absolutamente desproporcionado en relación a las tasaciones previas", explicó Walker, integrante de la instancia.
Con esta investigación parlamentaria "ya se determinaron las responsabilidades políticas, ahora corresponde que el Ministerio Publico determine las responsabilidades penales y su formalización", agregó el legislador falangista.
CONFLICTO DE INTERÉS
Otra de las conclusiones del informe apunta a José Cáceres, quien jugó "un doble rol" mientras fue ex administrador regional, señaló el diputado comunista Daniel Núñez, presidente de la comisión investigadora.
"Mientras era funcionario público promovió y tomó decisiones para concretar la compra de los terrenos de (el sector de) San Ramón y, al mismo tiempo, era uno de los accionistas; es decir uno de los propietarios de las inmobiliarias que se vieron beneficiadas con los 9.800 millones de pesos (que pagó el Fisco)", indicó Núñez.
Entre los integrantes de la comisión investigadora del denominado "Papaya Gate" se encuentran también los diputados UDI Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida, quienes no participaron de la votación para aprobar el informe de conclusiones, lo que generó malestar en el presidente de la instancia.
"Su ausencia es un aval al comportamiento corrupto que tuvo Lucía Pinto mientras fue intendenta de la Región. En este sentido, emplazo a la UDI para que tome las medidas disciplinarias que corresponden a su militante Lucía Pinto. El silencio que tiene la UDI frente a este caso es refleja un involucramiento institucional en el mayor caso de corrupción que tenemos en la Región de Coquimbo", señaló el legislador comunista.
El informe con las conclusiones de la comisión investigadora deberá ahora ser revisado y votado en la Sala de la Cámara Baja (el diputado informante será Núñez), para luego ser puesto a disposición de organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
