El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al jefe del Ministerio Público en Atacama, Alexis Rogat, para encabezar una investigación penal por la polémica liberación bajo fianza de cinco miembros del Tren de Aragua, resuelta por el Juzgado de Garantía de Los Vilos el lunes pasado.
Según el comunicado del ente persecutor, "la investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia".
"En este contexto, se designó al fiscal regional de Atacama para que dirija la investigación penal, y otorgue protección a víctimas y testigos si fuese necesario. Esto se suma a la investigación administrativa ya iniciada", cierra el escrito.
La cuestionada decisión fue dictada por la jueza Daniella Pinto, luego de que la defensa de los imputados ofreciera pagar una caución de cinco millones de pesos por cada uno, a cambio de la adopción del arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.
Si bien la magistrada concedió la rebaja, la sustentó en que el Ministerio Público no aportó mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos, fustigando directamente el actuar "impresentable" del fiscal Jory, así como del abogado asistente, quien no conocía "cabalmente" los antecedentes de la causa.
También se generó un manto de duda debido a que el Ministerio Público no apeló en la misma audiencia contra el fallo, incrementando la polémica ya que, aunque la Corte de Apelaciones de La Serena accedió a revertirlo el miércoles, hasta el momento no se ha dado con el paradero de todos los involucrados.
Poco antes de que se publicara la apertura de una investigación penal, el fiscal Valencia alertó en Radio Agricultura que el abogado Soto pudo "haber sido víctima de amenazas".
En ese entonces, el jefe del Ministerio Público afirmó que el sumario administrativo resolverá las posibles sanciones, aunque insistió en que el asistente "puede haber sido víctima de amenazas para actuar de esa manera" en la audiencia, por lo que llamó a "no prejuzgar".
"Pese a todo lo actuado, el tribunal también pudo haber resuelto de manera diferente", aseveró Valencia.
"La Fiscalía Regional de Coquimbo dispuso la apertura de una investigación administrativa, pero recibido una vez el informe sobre la situación del fiscal jefe de Los Vilos, y, al analizar la situación, se estimó también que era procedente, conforme a la ley, la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos. Por lo tanto, tenemos una investigación administrativa y una penal", complementó.
"Las investigaciones penales de esta naturaleza, conforme a nuestra ley orgánica, tienen que ser dirigidas por un fiscal regional, y en este caso particular es Alexis Rogat", agregó.
GOBIERNO: "SE DEBE INVESTIGAR"
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la situación de los sujetos que están prófugos y señaló que "se está trabajando arduamente para ello, para encontrarlos o para generar las condiciones para que se entreguen por su propia voluntad, porque es lo que corresponde, además es lo que mandató finalmente la Corte".
"En relación a lo planteado por el fiscal, él señala que cualquier duda en esa materia se debe investigar, y la investigación deberá levantar si hubo alguna situación de ese tipo, y también veo de las declaraciones del fiscal la necesidad de revisar el procedimiento, porque hay situaciones que no son habituales cómo en cómo esto sucedió, y eso de tiene que establecerse por qué fue así, si corresponde a algún contexto particular, o alguna falencia, decisiones erradas, eso es parte de la evaluación que la Fiscalía tiene que hacer", explicó Tohá.
"Nos parece muy positivo que se haga, porque claramente esa fue una audiencia que no resultó bien", complementó la secretaria de Estado.
ASOCIACIÓN DE FISCALES ACUSA FALTA DE PERSONAL
El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió el caso de Los Vilos y afirmó en Cooperativa que el Ministerio Público carece de personal para poder cumplir todas las funciones jurídicas que le corresponde.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Bravo sostuvo que "es frecuente que los abogados asistentes asistan a audiencias ante los Tribunales de Garantía de todo el país, y especialmente a los tribunales en donde las fiscalías que hay son fiscalías unipersonales, como en el caso de Los Vilos".
En esa línea, explicó que "en Chile hay 45 fiscalías unipersonales y en la Región de Coquimbo en particular hay cinco. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay un fiscal y que está apoyado, por eso el nombre, por uno o máximo dos abogados ayudantes o asistentes".
"El fiscal jefe de Los Vilos, que asumió hace un mes, es el único fiscal de Los Vilos, tenía ese mismo día una audiencia en el Tribunal Oral de Ovalle y estaba preparando tres juicios que tenía que tener en Ovalle porque el Tribunal Oral, que es distinto al juicio de Garantía, no funciona en Los Vilos", complementó.
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"Entonces, no hay posibilidad material de que ese fiscal, como 44 fiscales más que hay en el país, en fiscalías unipersonales, tengan la posibilidad de cumplir todas las funciones jurídicas, estar en tribunales de Garantía, estar en tribunales Orales, constituirse en el sitio del suceso, más cuando el Tribunal oral está a 200 kilómetros. Esta es una realidad que nosotros hemos venido diciendo hace años", manifestó el presidente de la Asociación de Fiscales.
Bravo también criticó el actuar de la jueza Daniella Pinto y expresó que "quiero hacer un punto respecto de los comentarios que hace la jueza, por lo menos en los audios que han circulado, respecto de esta especie de 'reto' o representaciones que le hace al abogado, me parece que eso está demás".
"Yo creo que el juez tiene que dictar su resolución (y) punto, que además fue revocada por la Corte de Apelaciones. Pero me parece que hay ciertos comentarios que no corresponde, más allá del despliegue o de la performance del abogado", sentenció.
