Cinco integrantes del Tren de Aragua que cumplían prisión preventiva salieron de la Cárcel de Alta Seguridad al ser rebajadas sus medidas cautelares a arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.
La decisión fue resuelta el lunes por la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos (Región de Coquimbo) Daniella Pinto, luego de que la defensa de los imputados ofreciera pagar una caución de cinco millones de pesos por cada uno a cambio de la adopción de las medidas señaladas.
La resolución se dio en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares de siete imputados -detenidos a fines de 2023- por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita, delitos que fueron cometidos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
JUEZA CULPÓ A LA FISCALÍA
En este contexto, la magistrada concedió la rebaja argumentando que la Fiscalía no aportó mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos, en su mayoría venezolanos.
Para dejar constancia de esta situación, la jueza incluso envió una queja al fiscal jefe de Los Vilos, Patricio Jory, diciendo que el asistente de fiscal Luis Soto Pérez, que estuvo presente en la audiencia, no conocía "cabalmente" los antecedentes de la causa.
"Esto me parece impresentable. Impresentable, porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos, y usted está haciendo alegaciones de este tipo", fustigó la jueza al dirigirse al representante del ente persecutor.
"(Usted) tiene que hacerse cargo de cuestiones de derecho. No puede decirme: 'Yo digo que todo lo de la defensa es insuficiente, creo que todo se mantiene igual y, por lo tanto, mantenga (las cautelares)', porque eso significa que yo, para resolver, tengo que confiar ciegamente en usted, y eso no puede ser, porque yo soy imparcial", agregó la magistrada.
CORTE DE APELACIONES REVOCÓ DECISIÓN
Tras el fallo del Juzgado de Garantía, el ente persecutor ingresó una apelación a la Corte de Apelaciones de La Serena, que durante la tarde de este miércoles revocó el cambio de la polémica medida cautelar.
"Tanto el Ministerio Público como alguno de los defensores concurrentes a estrado fueron contestes en señalar que los antecedentes tenidos a la vista al momento de imponer la medida cautelar en su oportunidad no han variado, a lo que se añade, la circunstancia de que no se aportó -por parte de ninguno de los letrados que asistieron- elemento de juicio alguno que permitiera entender una modificación de las circunstancias que justificaría mutar la medida cautelar primitivamente impuesta, como lo hizo la jueza a quo", señaló la Corte.
"En otras palabras, nos encontramos en un escenario idéntico a aquel que motivó, en su momento, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los encartados", enfatizó el tribunal de alzada.
El ministro Iván Corona explicó que "la Corte ha estimado que los antecedentes y fundamentos que se tuvieron en vista para conceder la primera solicitud del Ministerio Público y decretar la prisión preventiva de estos imputados, no se ha visto alterada por ningún otro antecedente nuevo que hubiese sido presentado al tribunal y que, por lo tanto, subsisten aquellos fundamentos que consideraron en su oportunidad que la libertad de estos imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad".
En paralelo, el Ministerio Público anunció una investigación administrativa interna, a raíz del oficio de la jueza de Garantía, y para determinar por qué su representante no apeló verbal e inmediatamente en la audiencia.
Según T13, los cinco imputados alcanzaron a salir de prisión, antes de la resolución de la Corte de La Serena, y hasta el momento permanecen prófugos.
TOHÁ: "CUESTA MUCHO ENTENDER ESTA DECISIÓN"
"Nos preocupa mucho este caso", señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando aún no se conocía la decisión del tribunal superior: "El Gobierno no interviene en estas decisiones y respeta la labor de órganos que son autónomos. Sin embargo, cuando se conoce el resultado de una audiencia de este tipo, cuesta mucho entender esa decisión, considerando los antecedentes", manifestó.
"Sabemos que la Fiscalía está apelando esta decisión. Confiamos en que esa apelación permita revertirla y que el trabajo policial logre hallar, en ese caso, a estas personas para que vuelvan a estar privadas de libertad", agregó.
Por lo tanto, "vamos a ocupar y respaldar lo que está haciendo la Fiscalía porque nos parece, a la luz de la experiencia, que es mejor en estos casos ser cautelosos y tomar las medidas necesarias previniendo posibles fugas", sostuvo.
Respecto al argumento de la jueza Pinto sobre la presentación de los antecedentes, "los organismos, tanto la Fiscalía como los tribunales, tienen mecanismos para evaluar si el comportamiento de ambos funcionarios fue el correcto", añadió la secretaria de Estado.
SENADOR WALKER PROPONE LEY PARA EVITAR FIANZAS
Una vez conocida esta polémica judicial, el senador Matías Walker (Demócratas), que representa a la Región de Coquimbo, anunció la presentación de un proyecto de ley para impedir que en casos de este tipo la fianza sea una opción para dejar la prisión preventiva.
"Este proyecto de ley lo que establece es que cuando hay presunciones fundadas de que un imputado pertenece a una banda de crimen organizado, o que es parte de una organización vinculada al narcotráfico, no se le pueda otorgar la libertad bajo fianza", explicó.
