El Gobierno salió a aclarar que, si bien la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó la toma de siete fundos pertenecientes a empresas forestales en Angol este fin de semana, hasta el momento ello no se ha materializado.
Al conocer el comunicado de la organización radical, Carabineros de La Araucanía precisó que no existen denuncias por los hechos descritos.
En su aparición en "Estado Nacional" de TVN la noche del domingo, la ministra del Interior, Izkia Siches, aseveró que "para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentarlas y hacer que la fuerza del Estado se haga presente".
A la vez, subrayó que "de todas maneras hay que desalojar si eso se materializa".
Si bien el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, destacó que Siches garantizara el desalojo de eventuales tomas, señaló que "queremos ver que se desaloje, pero también hacemos un llamado a que el mismo Gobierno pueda priorizar la ley de usurpaciones, tan necesaria para poder desmantelar a los grupos que están detrás de este tipo de delitos".
"Hoy día tenemos usurpaciones en que prácticamente las personas se toman detenidas y son dejadas en libertad, sabiendo lo dañino que es para una zona como esta desde el punto de vista agrícola, forestal y turístico tener estos grupos que están usurpando los campos de la región", lamentó.
En cuanto a la decisión de ampliar una de las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) en contra del líder de la CAM Héctor Llaitul, la ministra del Interior sostuvo que "desde el inicio vimos que existía una serie de querellas vigentes -porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo-, y a nuestro juicio, el Ministerio Público podía actuar".
"Pero con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delito, y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino", explicó la jefa de gabinete.
"NO PODEMOS CRIMINALIZAR A TODO EL PUEBLO MAPUCHE"
En una línea similar, este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que cuando su par de Interior "señala que la CAM no es representativa del pueblo mapuche, es porque queremos dar la señal de que no podemos criminalizar a todo el pueblo mapuche".
"Nosotros siempre hemos dicho que estamos con las puertas abiertas al diálogo y todos aquellos que quieran dialogar serán bienvenidos, y estamos además proactivamente buscando esos espacios de diálogo", puntualizó la secretaria de Estado.
Pese a esto, lamentó que "esta organización no ha querido avanzar en ese camino y ha insistido no solamente en propiciar, sino que adjudicarse incluso en las últimas declaraciones de hechos constitutivos de delito, razón por la cual tuvimos que ampliar una querella para que el Ministerio Público actúe".
MELLADO: "DESPUÉS DE ACTUAR DEL ESTADO, REACCIONAN LOS TERRORISTAS"
El diputado RN Miguel Mellado, que representa a La Araucanía, estimó que "era previsible que la CAM sacara un comunicado y actuara después de que el Gobierno se diera cuenta de que esta organización es ilícita y terrorista, y que accionara en contra de Llaitul y su gente, porque después de una acción del Estado, viene una reacción de los terroristas".
En tanto, la senadora Carmen Gloria Aravena consideró que si lo advertido por la orgánica se concreta, "no sólo atenta contra el derecho a la propiedad privada, sino que también contra el estado de derecho y las garantías fundamentales que tienen quienes viven y trabajan en estos predios".
"Tienen que haber de una vez por todas señales claras del Gobierno de que no seguirá permitiendo que se vulnere la ley y se cometan delitos de forma impune. Usurpar terrenos hoy sale prácticamente gratis, y ante eso, el camino es avanzar con la máxima urgencia en tramitar y aprobar el proyecto que presentamos junto a otros senadores para aumentar las penas por este delito", emplazó la parlamentaria.
Al mismo tiempo, Aravena indicó que la derecha modificará el proyecto de su autoría que buscaba proteger la infraestructura crítica para reingresarlo al Congreso, después de que la propuesta inicial se cayera en la Cámara Baja.
Para este lunes parlamentarios del Partido Republicano y Mellado anunciaron la presentación de una denuncia contra Llaitul ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, para acusarlo por vulneración a la Ley de Seguridad Interior del Estado y por asociación ilícita.
Mellado llamó a que los organismos del Estado actúen "en conjunto para poder cerrar el cerco judicial contra estos terroristas, el Estado tiene que actuar en conjunto, y el Gobierno entró en esto; falta que el fiscal entre en el juego para el Estado de derecho vuelva a la zona".
En tanto, desde el oficialismo, la diputada Ericka Ñanco (RD) planteó que "el trabajo parlamentario consiste en defender y cuidar la democracia, y para eso, necesitamos dialogar con todos los sectores que han visto como las políticas de Estado no han sido suficientes para resolver esta demanda histórica con las primeras naciones".
"Es por eso que como parlamentaria de La Araucanía les invito a que puedan entender la situación existente al sur del Biobío, que va más allá de las políticas de seguridad, en una voluntad de trabajo conjunta", aseguró.
