El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, respondió a las críticas políticas sobre el momento en que fue detenido el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, debido al plebiscito de salida en una semana más, y dijo que "no había ninguna justificación para haber dilatado la decisión de detenerlo por razones que son absolutamente ajenas a la función del Ministerio Público".
En conversación con La Tercera, el persecutor detalló que al vocero de la CAM se le atribuye un delito de incitación y de ataque a las forestales, el cual provoca "una serie de atentados que pueden estar vinculados directamente con el llamamiento que él realizó", contabilizándose 54 atentados relacionados a su llamamiento. Además, aseguró que era una persona "muy cuidadosa en sus comunicaciones" y que intentaba "no cometer ningún error", por lo que no existen "tantas" conversaciones donde se refiera explícitamente a la comisión de delitos.
También apuntó que "los niveles de organización (de la CAM) son cada vez más sofisticados", al igual que la violencia ha ido en aumento: "Hoy queda en evidencia que hay un uso intensivo de armas de fuego, ataques a los funcionarios de Carabineros y vehículos policiales", dijo, como también la relación entre las usurpaciones de los predios y la sustracción de la madera, y el daño a personas.
En este último punto, Garrido indicó que "hay casos donde es evidente la actuación de la CAM en que sí se pone en riesgo la vida de las personas, pero, además, hay que hacer presente que la mayoría de los atentados -por no decir su totalidad- están dirigidos a contratistas forestales; es decir, personas que son microempresarios".
Sobre la investigación, señaló que se inició a partir de una denuncia interpuesta el 2020 en el Ministerio Público, y que las fue ejecutando la Policía de Investigaciones, con "medidas intrusivas" autorizadas por el Juzgado de Garantía de Temuco y que, respecto a la detención misma de Llaitul, los últimos informes que faltaban "llegaron pocos días antes de que tomáramos la decisión de solicitar la orden de detención. Es más, fue en la misma semana".
CRÍTICAS
En esta línea, el fiscal regional respondió a los cuestionamientos políticos del casos, sobre realizar la detención tan cerca del plebiscito de salida y dijo que "no nos podemos hacer cargo de interpretaciones. Lo importante es que a través de nuestro trabajo estamos confirmando la vigencia del Estado de Derecho y el principio al estado de legalidad", recalcando que "no había ninguna justificación para haber dilatado la decisión de detener a Llaitul por razones que son absolutamente ajenas a la función del Ministerio Público".
Finalmente, sobre la comunicación entre una asesora de la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega y Llaitul, sostuvo que "no está relacionada con los delitos que nosotros estamos investigando y no constituyen tampoco ningún tipo de infracción", detallando que "no existen otros registros" de conversaciones entre el líder de la CAM y otros funcionarios de Gobierno.
Garrido, en tanto, criticó las filtraciones que se realizaron a través de la prensa sobre el proceso judicial, y dijo que "a la Fiscalía esto no le beneficia en nada, todo lo contrario, viene a enturbiar el trabajo que estamos realizando", pero aclaró que en dos años no se dio a conocer nada de esta indagatoria, sino fue hasta que los intervinientes -querellantes y defensores- tuvieron los antecedentes en sus manos.
