Con un total de ocho imputados y pidiendo penas de hasta 15 años de cárcel, el Ministerio Público presentó la acusación por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre pasado, caso que desató una nueva crisis en Carabineros y golpeó duramente al Gobierno a nivel político.
Cumpliendo con el plazo de 10 días desde que se puso fin a la investigación hace casi dos semanas, el fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, ingresó ayer lunes la acusación, la cual -según explicó a Cooperativa- "contiene diferentes medios de prueba que permiten demostrar la dinámica de los hechos en los términos que ha sostenido la Fiscalía".
Detalló que hay "pruebas periciales que demuestran las trayectorias balísticas, prueba testimonial que da cuenta de que no existió un ataque contra los funcionarios de Carabineros y, por lo tanto, los disparos que se realizaron contra el tractor y sus ocupantes pueden ser calificados como homicidas, y evidencias que demuestras que existieron malos tratos en contra del adolescente" que acompañaba a Catrillanca.
"Toda la investigación, en el breve tiempo en que fue realizada, no obstante a la complejidad de la misma, nos ha permitido contar con antecedentes que demuestran la existencia de estos delitos y la participación de los imputados, de que existió una acción homicida y luego de ocultar de este hecho", resaltó.
En el documento, para el sargento en retiro Carlos Alarcón, acusado de matar a Catrillanca, se solicitan 10 años y un día por el delito de homicidio simple consumado y cinco años de presidio por homicidio simple frustrado -vinculado con los apremios del ex GOPE contra el menor que acompañaba al comunero en el tractor en el momento del suceso-.
En cuanto a Raúl Ávila, acusado de haber destruido la tarjeta de memoria de una de las cámaras policiales, se piden cuatro años de presidio por apremios ilegítimos contra el menor, tres años y un día más una multa de 21 UTM por infidelidad en la custodia de documento, además de 300 días y una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.
Para Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, los otros dos ex efectivos del llamado "Comando Jungla" que participaron en el operativo que terminó en el asesinato de Catrillanca, la Fiscalía pide 300 días de presidio y una multa de 6 UTM.
Los otros imputados y testigos
La acusación también imputa a Manuel Valdivieso, ex jefe del GOPE en La Araucanía, y a Gonzalo Pérez, conductor del vehículo en el que iban los cuatro ex carabineros, quienes enfrentan la petición de una pena de tres años y un día de presidio más una multa de 21 UTM por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, y otra de 300 días con una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.
Asimismo, el coronel retiro Jorge Contreras está acusado por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, por lo que se pide la imposición de penas de tres años y un día y 300 días de presidio, respectivamente.
El abogado de Carabineros Cristián Inostroza también está imputado por obstrucción a la investigación, delito por el cual el Ministerio Público pide penas de 300 días de presidio, seis años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas por un total de 17 UTM.
"Lo que corresponde a continuación es que el tribunal de Garantía fije una audiencia en un plazo máximo de 35 días para conocer de la audiencia de preparación de juicio oral y luego pasar a la etapa definitiva de juicio oral para poner término a todo este caso", dijo el persecutor.
Según La Tercera, en la acusación se detalla un listado de 36 peritos y 150 documentos y evidencias para usar en el juicio, además de 73 testigos, entre los que el cuales se incluyen al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al subsecretario Rodrigo Ubilla, al senador por la zona Felipe Kast (Evópoli), al ex intendente de La Araucanía Luis Mayol -que terminó saliendo del cargo a raíz del caso- y también al ex general director de Carabineros Hermes Soto.
