El senador Francisco Huenchumilla (DC), ex intendente de La Araucanía, llamó al nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), a conversar con "todas las partes involucradas" en el conflicto mapuche en la macrozona sur, incluyendo a aquellos grupos que reivindican la violencia en el marco de esa situación.
"Mientras no haya voluntad del Estado de sentarse a la mesa y conversar los temas de fondo con todos los liderazgos, creo que vamos a seguir con esto en La Araucanía", sostuvo Huenchumilla en El Diario de Cooperativa, en la antesala de la visita que el ministro Pérez hará a la región tras una nueva seguidilla de hechos de violencia.
En se marco, "me parece importante que el ministro, recién asumido el cargo, venga a La Araucanía y parta conversando con las autoridades de la región, el mundo político y ojalá con las organizaciones de lado y lado, porque si viene a conversar solo con las autoridades patronales, entonces la cosa no sirve", opinó.
"Tiene que formarse una idea conversando con todas las partes involucradas y a partir de ahí hacer un diseño que marque la solución por la vía del diálogo y la política (...) y no poner todos los huevos de la canasta simplemente hablando con Carabineros", planteó la ex autoridad regional.
En ese sentido, apuntó que el ministro debe dialogar también con aquellos grupos que reivindican la violencia: "¿Por qué no debería hablar con ellos? Justamente son actores; la violencia es un problema y de lo que se trata es de resolver el problema (...) con ese sector hay que buscar los caminos de entendimiento para conversar (...) Si va a hablar solo con aquellos mapuche que están rezando en un templo el problema no lo va a solucionar", expuso.
"EL ESTADO NO HA ENTENDIDO BIEN LA SITUACIÓN"
Respecto a los últimos hechos de violencia en la macrozona sur, apuntó que "todo esto hay que tomarlo con beneficio de inventario, recuerden que ha habido montajes, muchas cosas dudodas y muchas muertes"; de todos modos, dijo que "la violencia ha sido recurrente en los últimos 23 años, distintos gobiernos de distinto signo, distintos ministros del Interior, y la pregunta es por qué sigue igual y es recurrente (...) imagino que hay hechos coyunturales que hacen que eleve la temperatura".
"La responsabilidad de los que conducen el Estado es verificar todos los conflictos que hay en Chile, no pueden eludirlos, tomar un atajo o mandar primero a las policías a resolver problemas políticos (...) es una situación compleja que no siempre ha sido entendida bien por el Estado chileno", analizó.
Explicó que "la sociedad mapuche es compleja, primero porque no tiene una autoridad central que monopolice las reivindicaciones; son muchas autoridades territoriales dispersas, como en toda la historia, y eso dificulta para el mundo occidental la búsqueda de un camino de solución".
"Los españoles encontraron la forma de dialogar y se inventaron los parlamentos, pero el Estado chileno no ha encontrado la fórmula, porque establece mesas de diálogo muy parciales y al final los resultados quedan encima de los escritorios de La Moneda o de los ministerios y no se avanza", complementó.
"NO COMPARTO LA TESIS JURÍDICA DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 169"
Ayer la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo que fue presentado en favor del machi Celestino Córdova, y le negó la sustitución de la pena de cárcel -consecuencia de una condena a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay- por régimen de reclusión domiciliario total hasta el término de pandemia de Covid-19.
En ese contexto, Huenchumilla, también abogado, dijo no comparte "la tesis jurídica que han aplicado los tribunales" respecto al Convenio 169 de la OIT; "tengo una interpretación distinta".
Pero "más allá de las diferencias, he conversado con el ministro de Justicia, conversé con Gonzalo Blumel y con el subsecretario del Interior, y espero que el ministro de Justicia avance en la modficiación del reglamento penitenciario y logre concordar una salida por esa vía; la la palabra la tiene el Gobierno".
Esto a propósito de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien dijo estar consciente de la situación que viven Córdova y otros comuneros, que mantienen una huelga de hambre desde hace más de 80 días -medida de presión para que sus causas sean revisadas y sus condenas se puedan cumplir en sus "rehues"-, y afirmó que en el Gobierno están "buscando mecanismos para resolver esas dificultades".
