Francisco Huenchumilla (DC), quien hasta la mañana de este martes era el intendente de la Región de La Araucanía, anunció hace dos semanas, el pasado miércoles 12 de agosto, que haría una "propuesta" en orden a "contener la violencia política" en la zona.
En sus primeras declaraciones tras hacerse pública su salida, el ex alcalde de Temuco relacionó directamente la decisión de La Moneda con la entrega de este documento, de 47 páginas, titulado "Propuesta al Gobierno respecto de la situación de la Región de La Araucanía" (ver archivo adjunto).
Huenchumilla mismo ordenó la difusión del escrito tras afirmar que el ministro del Interior, Jorge Burgos, miembro de su mismo partido, ni siquiera quiso leerlo.
"Antes de conocerla tomó la decisión de echar al autor (...) Probablemente le tuvo miedo a la propuesta", afirmó el ex ministro vocero del Gobierno de Ricardo Lagos, quien consideró esto como un "grave error político".
"El mismo día que hago la propuesta me dicen: 'Váyase'", insistió Francisco Huenchumilla, quien presagió que, a partir de ahora, la administración Bachelet va a seguir el camino del "garrote" ensayado por los pasados gobiernos de la Concertación.
El contexto
La señalada "Propuesta al Gobierno respecto de la situación de la Región de La Araucanía" comienza con un extenso "marco teórico" dentro del cual, argumenta Huenchumilla, debe comprenderse el actual conflicto, que -señala- se ha agravado desde el año 1997 a partir de las acciones de grupos mapuche que iniciaron una estrategia de "ruptura" con el Estado, basada en la "desconfianza" y la estrategia "policial y judicial" de las diversas administraciones.
"La actual estrategia de violencia política (...) solo se explica por la falta total de confianza en el Estado y sus Instituciones", advierte.
"La Región de la Araucanía vive en una situación de violencia desde hace unos 20
años a la fecha. Los antecedentes indican que la quema de 3 camiones en la comuna de Lumaco el año 1997, marcó el punto de inflexión. De ahí a la fecha se han sucedido, año tras año, numerosos y permanentes hechos de violencia como incendios, quemas de predios, cortes de caminos, enfrentamientos de grupos con la policía, muertes de mapuche y no mapuche", consigna.
"Esta es una propuesta que parte de la base que la estrategia judicial y policial, usada por los distintos gobiernos desde la década de los 90 a la fecha, está agotada. Por lo tanto, esta propuesta se basa en un enfoque político que pretende ir al fondo de las causas de por qué un sector del mundo mapuche optó por una vía no institucional. Esto no quiere decir que los delitos no deban perseguirse", explica Huenchumilla, quien admite que "alguna de las propuestas van a producir, probablemente, voces de alarma porque cambian ciertos paradigmas en Chile".
El ex intendente considera indispensable un "sinceramiento" respecto de los hechos históricos a los que se remonta el problema, con el arribo militar del Estado chileno al territorio mapuche, así como de su carácter multicultural antiguo y actual.
Huenchumilla dedica extensas páginas a analizar las situaciones que llevaron al actual conflicto "político" y las características en las que hoy se desenvuelve. (Foto: UNO)
"El camino (...) para una solución al conflicto de la Araucanía, pasa por un acto de realismo del Estado de Chile. Aceptar que existen pueblos originarios anteriores a la formación del Estado y uno de los cuales y el más importante, es el Pueblo Mapuche (...) Aceptar esta realidad implica cambiar la estructura del Estado-Nación, a un Estado plurinacional que necesariamente debe verse reflejado en el pacto político que es la Constitución Política", afirma.
"Lo primero que tiene que hacer el país si quiere solucionar este conflicto es hacer un acto de sinceramiento respecto de lo que es y de la composición de sus habitantes. El acto de ficción que creo el Estado-Nación pensando que única y exclusivamente existían chilenos desconociendo a los pueblos originarios fue un acto propio del siglo 19 que hoy no resiste un análisis serio", señala.
Según el ex diputado, también se debe "aceptar la interpelación que le hace el pueblo mapuche al Estado en orden a la devolución de las tierras que éste le arrebató en el siglo XIX, proceso conocido eufemísticamente como 'Pacificación de la Araucanía'".
Aclara luego que el reconocimiento de la multiculturalidad "no tiene nada que ver con la unidad política del Estado, porque una cosa es la unidad política y otra cosa es la realidad sociológica".
En las empresas forestales, "ahí está el conflicto"
La propuesta también pone énfasis en la "cosmovisión" mapuche, cuya valoración de la tierra no corresponde a la mirada occidental capitalista productivista y, en dicho contexto, realza la responsabilidad que le cabe a las grandes empresas forestales en el mencionado conflicto, apuntando a que "el tema de las tierras pasa a ser (...) determinante en cualquier salida que se busque al problema de la violencia política".
"La visión occidental está fundada en el cristianismo donde el hombre (el ser humano) es el centro de la vida, el señor dominador de la naturaleza. Es una visión antropocéntrica. En el mundo mapuche no se concibe el ser humano sino en contacto y en relación con la naturaleza, sus árboles, ríos, lagos, flora, bosques, etc. Por ello la tierra es parte de la vida hábitat natural en que se desarrolla la familia y la comunidad, y no un bien de producción. Esto explica que para el mundo mapuche ha sido tan difícil aceptar la plantación de bosques artificiales y la acción de las empresas forestales (...) El tema de las tierras, en consecuencia, no es un problema agrícola para los mapuches; las tierras forman parte de su existencia y su cosmovisión", plantea el documento.
Huenchumilla explica que "los sectores de agricultores tradicionales de la Araucanía han sufrido el embate de esta estrategia de ruptura política", pero "en este conflicto ellos no tienen responsabilidad política", pues "el responsable es el Estado" y, "entonces, estos agricultores se encuentran en medio de un conflicto entre el Estado y los mapuche".
Situación diferente es la de la industria forestal, que "fue la que cambió la estructura rural en La Araucanía".
"Estas empresas deben entender que, en el largo plazo, esta actividad, tal como está hoy día y con el conflicto actual, no es viable en la Araucanía sino hay un cambio en el modelo de negocios y un retiro gradual de los territorios de las comunidades mapuche (...) Me atrevo afirmar que si resolvemos el problema causado por las grandes empresas forestales el conflicto se reduciría a un mínimo", plantea.
"Para no entrar en el terreno de las cifras, digamos solamente que una sola de las grandes empresas forestales tiene mas de 300 comunidades colindantes y está presente en mas de 1500 territorios mapuches", señala el ex intendente, que menciona además, "como dato de la causa, que, será pura coincidencia, en las comunas más pobres del país su territorio está lleno de predios forestales donde su gente, viviendo en extrema pobreza, ve pasar la riqueza perteneciente a un grupo de empresas de las más prósperas del país. Ahí está el 'conflicto', mas allá de lo que sucede con los predios de los particulares", asegura.
Sin perjuicio de lo anterior, Huenchumilla considera que "la actividad forestal (...) ya está en la cultura económica de la mayoría de las comunidades mapuche", las que podrían desarrollando dicha actividad productiva en caso de ser propietarias.
Propuestas constitucionales e institucionales
Francisco Huenchumilla dedica las últimas 20 páginas del documento a enumerar y explicar decenas de propuestas concretas basadas en los conceptos antes enunciados.
Dentro de éstas destacan la conformación de una "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" que elabore un informe, el llevar adelante "un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas del país" y también "todos los sectores, salvo con las grandes empresas forestales" encabezado por el ministro del Interior, y la realización de lo que denomina "Parlamento del sigo XXI".
En lo referente al ya consignado "sinceramiento" plantea un "cambio en la rstructura del Estado" con una reforma a la Constitución, que contenga: "Reconocimiento de un Estado Plurinacional", "reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos" y "del derecho a la autodeterminación".
En el ámbito de la institucionalidad, incluye la "creación del Ministerio de Asuntos Indígenas o Ministerio de Pueblos Originarios", "Transformación de la Conadi en una Corfo Mapuche o en una Agencia para el desarrollo de los Pueblos Indígenas", la creación del "Consejo de Pueblos Indígenas o el Parlamento de Pueblos Originarios" y la "plena aplicación" del Convenio 169 de la OIT "y del Derecho Internacional Indígena".
Huenchumilla propone también "escaños reservados" a representantes indígenas en el Congreso: "Proponemos que sean diez diputados, siete para el pueblo mapuche, uno para el pueblo rapa nui y dos para el resto de los pueblos originarios. Y en el Senado que existan tres representantes".
La propuesta incluye la creación de "nuevas comunas en la Región de la Araucanía que permitan tener al Estado más cerca de la gente".
"Deberían crearse nuevas comunas en Licanray, Labranza, Icalma, Pailahueque, Puerto Domínguez, Capitán Pastene, Cajón, Queule, Barros Arana, Pillanlelbún y tantas otras localidades que harían más eficiente su administración y la participación de los vecinos. Igual cosa sucede con la comuna de Temuco que debería dividirse en 3 ó 4 comunas, como Pedro de Valdivia, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Amanecer, Fundo El Carmen por nombrar algunos macro sectores", señala.
El ex ministro pide también "oficializar el Mapuzugun en la región de la Araucanía" y "hacer una edición especial con el informe de la 'Comisión Presidencial de Verdad Histórica y Nuevo Trato' para ser distribuida en el sector público y en dirigentes sociales y gremiales", junto con "declarar material didáctico oficial al informe, (...) de tal manera, que sea el material que se enseña en la educación en la asignatura de Historia de Chile".
"Retiro de las empresas forestales del territorio"
Respecto al aspecto territorial, el ex intendente propone "establecer un Registro Público de Tierras (...) bajo la responsabilidad de la Conadi", "finiquitar el proceso de compra de tierras pendientes según los compromisos adoptados por los distintos gobiernos con determinadas comunidades (Viera-gallo, Andrade, etc.) en un plazo máximo de septiembre del año 2017, es decir 2 años".
En medio de este procesa señala que "toda compra de tierras debe respetar la unidad de las comunidades y propender a la mantención y conservación, en la medida de la realidad del siglo 21, de los lof y territorios indígenas".
También propone "constituir una Comisión Gubernamental compuesta por el Ministro del Interior, el ministro sectorial respectivo, el Ministro de Agricultura, el Director Nacional de la
Conaf, el Director Nacional de la Conadi y los Intendentes de la Región del Bío Bio y la
Araucanía, cuyo objetivo será entablar un proceso de negociación con las grandes
empresas forestales (...) para el objetivo final que es el traspaso de los predios de las grandes empresas forestales a las comunidades mapuche colindantes".
El ex parlamentario es partidario del "retiro" de las empresas forestales del territorio mapuche. (Foto: Agencia UNO)
El ex alcalde habla abiertamente de un "sistema de retiro gradual y sostenido de las empresas forestales del territorio donde están asentadas las comunidades mapuche" y propone avanzar hacia la transformación de la Araucanía "en un territorio verde".
En medio de este proceso "la prioridad general serán los predios de las grandes empresas forestales colindantes con las comunidades indígenas, la segunda prioridad serán los grandes predios que fueron parte del territorio ancestral mapuche" y quedarán "excluidos de este proceso los predios de los pequeños y medianos agricultores y campesinos".
"Deberá propenderse a tener conjuntos de territorios para que allí las comunidades puedan ejercer el principio de la autodeterminación en sus asuntos internos", considera.
Reparación a las víctimas y Ley de Amnistía
Francisco Huenchumilla afirma además que "debe quedar establecido el marco de la realidad y legal de reparación a las víctimas, mapuche y no mapuche, sucedido con motivo de este conflicto", e "igualmente debe quedar operativo el marco legal de un seguro para que el Estado responda frente a eventos futuros de riesgos posibles".
Para este fin propone la "creación de una comisión especial presidencial formada por personalidades mapuche y no mapuche de prestigio, ecuanimidad y de aceptación indubitable, cuya finalidad sea determinar y establecer las personas que han sido víctimas de la violencia en la Araucanía durante los últimos veinte años".
Luego, "dictar una ley de reparación para las víctimas que indubitablemente establezca la Comisión" y "establecer por ley un seguro para cubrir los riesgos a que pueden verse sometidas las personas con ocasión de la violencia la que conlleva el conflicto. El seguro debe tomarlo el Estado para cubrir su responsabilidad frente a las personas".
"Este proceso deberá realizarse de manera tal que sienten las bases del Acuerdo que
debe firmarse en el Parlamento ('del Siglo XXI') a celebrarse en septiembre del año 2017", que "concluirá con una Ley de Amnistía".
"Este Parlamento deberá celebrarse con los liderazgos mapuche de todos los territorios respectivos y de las autoridades políticas pertinentes del Estado (...) A este Parlamento se invitará a los candidatos presidenciales inscritos para las elecciones de ese año, igualmente se invitará a los candidatos a cargo de elección popular de los respectivos territorios".
"El objetivo de este Parlamento será iniciar una nueva relación entre el Estado, la
sociedad y los pueblos originarios y específicamente el pueblo, en base a la justicia, el respeto mutuo y la paz en base a los lineamientos aquí señalados y los aportes de los sectores", explica.
"Firmado los acuerdos de este Parlamento se procederá a la dictación de una ley de amnistía, salvo para los delitos de sangre", finaliza el extenso documento.
