Pelentaro Llaitul fue detenido junto a otros cuatro hombres tras los ataques incendiarios perpetrados el martes en Lautaro y Cholchol, en la Región de la Araucanía.
En prisión preventiva quedaron este viernes por la tarde los cinco hombres que fueron detenidos tras los ataques incendiarios perpetrados el martes en Lautaro y Cholchol, en la Región de la Araucanía.
En el operativo llevado a cabo por personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército fueron arrestados Luis Menares Chañilao (37), Luis Fuenzalida Eneros (50), Jorge Caniupil Coña (27), Juan Carlos Mardones Sáez (33) y Pelentaro Llaitul Pezoa (19). Este último, hijo menor de Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
La Fiscalía de La Araucanía formalizó esta tarde a los sujetos por los delitos de incendio, incendio reiterado, robo calificado con retención, robo con intimidacion, porte ilegal de arma de fuego y municiones, además de disparos injustificados.
🔴 @FISCALIA_IX solicitó la prisión preventiva para Pelentaro Llaitul y otras 4 personas detenidas por @CarabAraucania tras ataques incendiarios perpetrados el martes en Lautaro y Chol Chol. Fueron formalizados por incendio reiterado, robo con retención y otros delitos pic.twitter.com/xzmxR60gRU
— Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) November 25, 2022
La audiencia fue interrumpida y postergada esta mañana luego de que los imputados exigieran comparecer en modo presencial.
En la audiencia de control de la detención del miércoles, el juez del tribunal de Lautaro, Eduardo Pérez, había dado a lugar a la realización de una audiencia de manera mixta, con la presencia de los arrestados y sus defensas en la sala de audiencia y los demás intervinientes de manera telemática, según consignó el diario La Tercera.
No obstante, tras el llamado que hizo la CAM por las redes sociales para que en las afueras del tribunal se hicieran manifestaciones en favor del hijo de Llaitul, el magistrado cambió su decisión por medidas de seguridad.
"Si no se acata lo que nosotros solicitamos (asistir de manera presencial), vamos a salir. Nos vamos a retirar de la audiencia hasta que no sea presencial", dijo, con tono desafiante, uno de los acusados, siendo interrumpido por Pérez, quien le recalcó: "El tribunal no va a estar sujeto a presiones".
Tras esto, el juez optó por suspender la audiencia, a la espera que las defensas pusieran término a la rebeldía de sus representados.
Durante la formalización, el fiscal Carlos Cornejo confirmó que el fusil de guerra incautado tras la detención del hijo de Llaitul y los otros cuatro sujetos fue utilizado durante la noche que murió el comunero mapuche Pablo Marchant, miembro de la CAM que falleció en 2021 en un enfrentamiento con Carabineros en medio de un procedimiento por un ataque incendiario en contra de la forestal Mininco, en Carahue.
"Se procedió a realizar un cotejo, uno a uno, con las dos vainillas percutidas calibre 7,62, levantadas desde el sitio del suceso acaecido el día 13 de julio de 2021, en el fundo Santa Ana Tres Palos, de Carahue, lugar donde resultó fallecido don Pablo Marchant Gutiérrez", señaló el persecutor.
Cornejo agregó que el tribunal acogió la petición de la Fiscalía de imponer la máxima cautelar "atendida principalmente la gravedad de los ilícitos cometidos, el número de delitos, la cantidad de partícipes, particularmente el carácter violento de estos hechos, así como el uso de armamento de carácter bélico".
Durante los cuatro meses de plazo para la investigación, los imputados estarán recluidos en la Cárcel de Valdivia.
La indagatoria incluirá "peritajes que dicen relación con la determinación de la huella genética de los imputados", complementó el fiscal.
El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, valoró "la capacidad que ha tenido Carabineros y el despliegue policial para tomar detenidas a estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Ahora la investigación que se llevará a cabo está a cargo del Ministerio Público y nosotros tenemos un compromiso con ir desbaratando el crimen organizado".
"En ese sentido, creemos que todas las detenciones que tengan que ver con alguien quiera quebrantar el Estado de Derecho aporta a nuestro compromiso con la seguridad", comentó la autoridad gubernamental.
"Queda mucho, porque probablemente este tipo de hechos van a seguir ocurriendo, pero tenemos que tener la capacidad de darle tranquilidad a la ciudadanía que este tipo de delitos no va a quedar impunes, y en eso estamos trabajando", añadió.
