Familias agradecieron pronunciamiento del Tribunal Ambiental de Valdivia.
Señalan tener evidencia suficiente para acompañar demanda antes de 15 días hábiles.
Vecinos siguen afuera de terrenos esperando concreción de la resolución ambiental.
Las familias del sector de Punilla, de la comuna de San Fabián de Alico, Región de Ñuble, que fueron desalojadas el pasado 21 y 22 de noviembre en el marco de un proyecto de embalse en la zona anunciaron una demanda por daño ambiental.
Esto luego que un fallo prejudicial del Tribunal Ambiental de Valdivia acogiera un recurso cautelar prejudicial y ordenara al Ministerio de Obras Públicas y la empresa del grupo Astaldi, concesionaria del proyecto, la suspensión de los desalojos.
Los vecinos siguen pernoctando afuera de los terrenos y en la tarde de este sábado dieron a conocer una declaración pública donde agradecieron la intervención del organismo y subrayan que "lo único que pedimos es seguir viviendo dignamente, tal como nos fue asegurado y comprometido en diversos instrumentos".
Silvia Valenzuela, vocera de los vecinos, señaló que durante los desalojos "la masa ganadera fue lanzada a la calle, demolieron nuestras casas, nos dejaron sin nuestras fuentes laborales, y ahora estamos todos cesantes, no tenemos nuestros ingresos".
Ahora se inicia un plazo de 15 días hábiles para la presentación de una demanda por daño ambiental, recurso que será el siguiente paso de las familias desalojadas. "Tenemos suficiente evidencia de atropellos e irregularidades que dejan de manifiesto el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental", indicaron sus abogados defensores.
Rebaten versiones del MOP y la empresa
El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Ignacio Vera, a través de una declaración pública, manifestó que "los inmuebles fueron expropiados y pagados entre el 2014 y 2016, por lo que pertenecen al Fisco. La toma de posesión de ellos se realizó una vez corroborada la solución habitacional de las personas reubicadas".
Al respecto, el abogado de la ONG Defensa Ambiental, Ricardo Frez, señaló que "hay casos de residentes que no son dueños, que deben ser cubiertos por el plan de desarrollo social y a quienes no le han cumplido medidas sociales, pero igualmente ya les demolieron las casas que habitaban".
Desde Astaldi señalaron que "la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla (SCAP) es el titular del proyecto del embalse, pero no participó en el desalojo. En ese acto participaron el MOP, inspector fiscal, receptor judicial y carabineros, por orden judicial".
Un argumento que es rebatido por los vecinos: "Tenemos videos y fotografías, donde las camionetas y funcionarios de la empresa están participando como el equipo de desalojo".
